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Abogados de dos iraquíes detenidos, los primeros migrantes afectados por la orden ejecutiva del presidente estadunidense Donald Trump, impugnaron la constitucionalidad de esos actos y pidieron a las cortes que sean suspendidas.

“Esta orden es inconstitucional y está destruyendo la vida de los refugiados”, dijo a la cadena CNN el abogado Mark Doss, del Proyecto Internacional para la Asistencia a Refugiados (IRAP), que representa a los iraquíes, detenidos en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York.

El abogado señaló que cuando buscó interceder por sus clientes, el personal migratorio les dijo: “hablen con Donald Trump”.

Trump firmó el viernes una orden ejecutiva que bloquea el ingreso a los refugiados durante los siguientes cuatro meses; así como la entrada a territorio estadunidense durante 90 días a inmigrantes provenientes de Irak, Siria, Sudán, Irán, Libia, Somalia y Yemen.

Los detenidos fueron identificados como Hameed Khalid Darweesh, un ingeniero eléctrico que trabajó para el gobierno estadunidense en Irak durante 10 años, y Haider Sameer Abdulkhaleq Alshawi, quien viajó para reunirse con su esposa.

Antes de que Trump emitiera su orden ejecutiva, Hameed recibió su estatus de refugiado tras comprobar que su familia era hostigada, debido al servicio que prestó al gobierno estadunidense en Irak.

Abogados del IRAP presentaron por ello una “moción de emergencia” en la que argumentan que es inconstitucional retener a personas que habían recibido estatus de refugiados antes de la emisión de las órdenes ejecutivas del presidente Trump.

“Enviarlos de regreso (a sus países) seria un acto abominable que socavaría la credibilidad de Estados Unidos y nuestras responsabilidades como país”, señaló Doss.

El recurso legal fue hecho con un enfoque generalizado de tal manera que representaría los derechos de todos los refugiados inmigrantes que sean detenidos en los puertos de entrada de Estados Unidos, tras la emisión de las órdenes ejecutivas.

Trump anunció el viernes nuevas medidas para verificar los antecedentes de refugiados que buscan asilo en Estados Unidos con el objetivo de impedir el ingreso de potenciales terroristas.

Además, suspendió durante 120 días la entrada de todos los refugiados; detuvo por tiempo indefinido el ingreso de personas procedentes de Siria; y durante 90 días bloquea el ingreso de personas provenientes de siete países, con población predominantemente musulmana, tales como Irán, Irak, Libia, Somalia, Siria, Yemen y Sudán.

La moratoria permitirá a la administración Trump elaborar un plan mediante el cual se dará prioridad al ingreso a Estados Unidos de refugiados cristianos que sufren persecución religiosa en algunos de esos países.

La orden ejecutiva afectó incluso a aquellos inmigrantes de los países mencionados cuando se encontraban en pleno vuelo hacia territorio estadunidense, por lo cual empezaron hacer detenidos en los puertos de ingreso al país después de su aterrizaje.

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Inmigrantes procedentes de Irán, Irak, Libia, Somalia, Siria, Yemen y Sudán, bloqueados por la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, empezaron a ser detenidos en aeropuertos de Estados Unidos, reportaron hoy medios locales.

Al menos dos inmigrantes iraquíes fueron detenidos en el aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York, lo que motivó que sus abogados presentaran esta mañana dos recursos de “Habeas Corpus” ante la Corte del Distrito este de la ciudad.

De acuerdo con The New York Times, el recurso legal fue hecho con un enfoque generalizado de tal manera que representaría los derechos de todos los refugiados inmigrantes que sean detenidos en los puertos de entrada el país tras la emisión de las órdenes ejecutivas.

Trump anunció el viernes nuevas medidas para verificar los antecedentes de refugiados que buscan asilo en Estados Unidos a fin de impedir el ingreso de potenciales terroristas.

Asimismo suspendió durante 120 días la entrada de todos los refugiados, detuvo indefinidamente la llegada de aquellos procedentes de Siria y durante 90 días la de siete países con población predominantemente musulmana: Irán, Irak, Libia, Somalia, Siria, Yemen y Sudán.

La moratoria permitirá a la administración Trump elaborar un plan mediante el cual se dará prioridad al ingreso a Estados Unidos de refugiados cristianos que sufren persecución religiosa en algunos de estos países.

Su orden afectó incluso a aquellos inmigrantes de los países singularizados cuando se encontraban en pleno vuelo hacia territorio estadunidense, por lo cual empezaron a ser detenidos en los puertos de ingreso al país después de su aterrizaje.

Los dos primeros detenidos fueron identificados como Hameed Khalid Darweesh, quien trabajó para el gobierno estadunidense en Irak durante 10 años, y Haider Sameer Abdulkhaleq Alshawi, quien viajó para reunificarse con su esposa, de acuerdo con The New York Times.

Sus abogados dijeron que no se les había permitido reunirse con sus clientes y describieron momentos de tensión cuando trataron de entrar en contacto con ambos.

Las acciones ordenadas por Trump constituyen un revés de la política establecida antes por el ex presidente Barack Obama, quien había propuesto permitir el ingreso de hasta 110 mil refugiados a Estados Unidos en el año fiscal 2017.

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Al menos 40 soldados turcos de alto rango que trabajaron en instalaciones de la OTAN en Alemania, pero fueron suspendidos tras el fracasado golpe de estado en Turquía en julio pasado, solicitaron este sábado asilo en Alemania.

Los informes de las solicitudes de asilo presentadas por soldados turcos en Alemania llegaron cuando la canciller Angela Merkel se prepara para viajar a Turquía, donde se reunirá con el presidente Recep Tayyip Erdogan, informaron este sábado la revista Der Spiegel y la emisora ARD.

Der Spiegel cita fuentes de las filas conservadoras de la canciller que apuntan a la imposibilidad de repatriar a esos soldados a Turquía, ante el peligro de que, una vez allí, ingresen de inmediato en prisión.

"Las solicitudes de asilo son desde el punto de vista legal legítimas y no puede atenderse ahí a consideraciones de oportunidad política", apuntó el presidente de la Comisión de Exteriores en el Bundestag (cámara baja), Norbert Röttgen, de la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merkel.

Dos de los militares turcos, cuya identidad no se revela, argumentan ante el semanario que, en caso de ser entregados a Turquía, corren peligro de sufrir torturas en prisión y rechazan haber tenido nada que ver con la intentona golpista del pasado año.

Los lazos entre los dos socios de la OTAN entraron en un periodo de tensión por un presunto espionaje de clérigos turcos en Alemania, y las preocupaciones alemanas por la represión de Turquía contra los disidentes.

El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, señaló en una conferencia en noviembre pasado que algunos militares turcos enviados a la organización en Europa habían pedido asilo pero no dieron números específicos.

Turquía había retirado a cientos de altos funcionarios militares sirviendo en la OTAN en Europa y Estados Unidos después del golpe. La mayoría regresaron a Ankara, pero algunos optaron por no regresar, temiendo represalias.

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La renegociación del TLCAN sería una “pérdida de tiempo” para México a menos que el presidente Donald Trump someta una agenda “clara y seria” consistente con los intereses de los dos países, sostuvo hoy el expresidente de México Ernesto Zedillo.

En un artículo para la página editorial de The Washington Post, el ahora catedrático en economía de la Universidad de Yale afirmó que si Trump decide “matar” al TLCAN, México tiene otros instrumentos para progresar refrendando su compromiso con la apertura de mercados.

“Tal desenlace no debe de ser causa de desesperanza para mi país. El TLCAN ha sido un instrumento excelente, pero es sólo una de las muchas herramientas disponibles para conseguir las metas de crecimiento económico y desarrollo”, señaló.

Zedillo sostuvo que es hora de admitir que las acciones del nuevo gobierno de Estados Unidos han cerrado en un futuro previsible la posibilidad de cualquier acuerdo a través del diálogo y la negociación que pudiera satisfacer el interés de ambas partes.

“Es una situación desafortunada y triste, pero el esfuerzo de acomodar los caprichosos deseos del presidente Trump han mostrado ser inútiles y no deberían continuar. No es útil ni para México ni para Estados Unidos”, apuntó.

Zedillo, presidente de México de 1994 al 2000, fustigó asimismo lo que calificó como el “elefante blanco” del propuesto muro en la frontera con México y la exigencia de hacer que lo paguen los mexicanos.

“Lo que rechazamos, bajo cualquier circunstancia, es cualquier intento de usar una sola pulgada de nuestro territorio para construir tal estructura abominable”, escribió.

“Todos los mexicanos apoyamos al presidente Enrique Peña Nieto cuando le dice al presidente que no pagaremos este proyecto extravagante, ofensivo y fútil”, remató.

El expresidente mexicano consideró que en cualquier caso la probabilidad de llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso siempre fue pequeña, porque las demandas del mandatario Trump “desafían la racionalidad legal y económica”.

“Es por eso que era evidente desde el inicio que era imposible acomodar los objetivos del presidente Trump de balancear la balanza comercial con México ajustando el TLCAN”, indicó.

“Si el presidente Trump sigue obsesionado con ese objetivo erróneo México debe tomarlo como un deseo de matar el TLCAN, lo que por supuesto es algo que él tiene la capacidad de hacer”, señaló.

Aunque reconoció que tal escenario sería costoso para los dos países, especialmente para México en el corto plazo, indicó que México puede crear las condiciones no sólo para mantener sino aumentar su posición como un lugar para invertir para las empresas globales.

“Deberemos asegurar a las empresas globales, con acciones concretas, que México sigue abierto para los negocios y que nuestro gobierno no tratara de intimidarlos o decirles qué, dónde o cómo producir”, agregó.

Ante la posibilidad de que el nuevo gobierno estadunidense busqué imponer otro tipo de barreras al comercio, Zedillo señaló que México debe estar listo para usar todos los instrumentos legales especialmente aquellos ofrecidos por la Organización Mundial de Comercio.

Bajo el escenario de si Estados Unidos decide retirarse del árbitro central de las disputas internacionales de comercio, sostuvo que entonces el litigio con México se convertiría en un problema global que tendría que ser confrontado por toda la comunidad internacional.

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El líder del movimiento islamista palestino Hamás, Ismail Haniye, dio por concluida con "éxito" su primera visita a Egipto desde el derrocamiento del presidente egipcio y aliado Mohamed Mursi.

Una delegación del movimiento Hamás, que gobierna en la Franja de Gaza, concluyó una visita a Egipto para abordar con responsables de este país las perspectivas de reconciliación con la corriente nacionalista Al Fatah, que lidera el presidente palestino Mahmud Abas.

Los palestinos realizaron una serie de reuniones con el jefe de la Inteligencia de Egipto, Jaled Fauzi, interlocutor habitual del gobierno egipcio con Hamás, informó el grupo islamista en un comunicado recogido por la agencia oficial de noticias MENA.

Además de la posible reconciliación con Al Fatah, en la reunión se abordó la situación en Gaza por el bloqueo israelí, la seguridad en las fronteras, la apertura del paso fronterizo de Rafah y la crisis de la electricidad en la Franja.

Hamás considera que la visita de Haniye ha arrojado un "resultado positivo", según el comunicado recogido por la agencia MENA, en lo que supone un intento para normalizar las relaciones, deterioradas tras la caída de Mursi en 2013 por un golpe de estado militar.

Mursi pertenece a la organización Hermanos Musulmanes, de la que Hamás terminaría emergiendo.

Este sábado, Egipto reabrirá por primera vez en más de un mes el paso de Rafah que conecta con la Franja, durante un periodo de cuatro días a partir de hoy.

El paso ha sido abierto por Egipto de forma intermitente durante 2016, después de permanecer cerrado durante 344 días el año anterior, alegando motivos de seguridad.

Las más de millón y medio de personas que viven en el interior de la Franja continúan teniendo dificultades para cubrir sus necesidades debido a las limitaciones impuestas sobre mercancías que entran y salen del enclave, tras casi una década desde que diera comienzo el bloqueo israelí.

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El Ministerio Público (MP) de Guatemala informó hoy que avanzan las diligencias del caso de corrupción en el que están involucrados el hijo y el hermano del presidente Jimmy Morales, detenidos de manera provisional.

El pasado 18 de enero se presentó a los tribunales José Manuel Morales Marroquín, de 23 años, hijo del presidente, y ese día fue detenido Samuel Everardo Morales Cabrera, hermano mayor y asesor del mandatario.

La jueza a cargo del caso envió ese día a prisión preventiva a los familiares del presidente por su presunta responsabilidad en el caso del fraude contra el Registro General de la Propiedad (RGP).

Las investigaciones del MP y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), entidad de las Naciones Unidas que colabora en el combate al crimen organizado, estableció que las prácticas de corrupción “comprometían seriamente las finanzas” del RGP.

Uno de los casos en los que están implicados los familiares del presidente guatemalteco se refiere a un desayuno de trabajo del RGP para 564 personas, que se pagó pero nunca se llevó a cabo.

Entre noviembre y diciembre de 2013 se contrataron otros tres eventos que tampoco se realizaron pero si se pagaron. El monto del presupuesto del RGP perdido asciende a más de 35 mil dólares.

El MP tiene de plazo dos meses para completar las investigaciones y fundamentar el caso contra los dos familiares del presidente, con lo que el juzgado a cargo los enviaría a proceso por el fraude contra el RGP.

El juzgado sin embargo desestimó el delito de lavado de dinero contra el hijo y el hermano del presidente Morales, lo que fue impugnado por el MP.

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El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, expresó hoy su preocupación por la política migratoria del presidente Donald Trump y resaltó que “Estados Unidos es una nación de inmigrantes y debemos estar orgullosos de ello”.

En un mensaje en su cuenta de Facebook, Zuckerberg recordó que sus abuelos llegaron a Estados Unidos desde Alemania, Austria y Polonia, mientras los padres de su esposa Priscilla Chan eran refugiados de China y Vietnam.

“Igual que muchos de ustedes, me preocupa el impacto de las recientes órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Trump. Tenemos que mantener a este país a salvo, pero debemos hacerlo centrándonos en las personas que realmente representan una amenaza”, escribió.

En su opinión, tratar a todos los inmigrantes de la misma manera provocaría que “millones de indocumentados que no representan una amenaza vivan con el temor a la deportación”.

Zuckerberg, quien había mantenido silencio ante la llegada de Trump a la Casa Blanca, consideró que Estados Unidos debe “mantener las puertas abiertas a los refugiados y a los que necesitan ayuda”.

“Eso es lo que somos (mi esposa y yo), nos convertimos en refugiados hace unas décadas; la familia de Priscilla no estaría aquí hoy”, insistió.

El fundador de Facebook abogó por mantener el programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA), que permite a 750 mil jóvenes conocidos como “dreamers” (soñadores) vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

En la parte final de su texto, Zuckerberg adelantó que en las próximas semanas estará trabajando con su equipo de Facebook. “Tenemos que encontrar maneras de ayudar”, expresó.

“Estas cuestiones son personales para mí, incluso más allá de mi familia. Hace unos años impartí clases en una escuela local donde algunos de mis mejores estudiantes eran indocumentados. Ellos también son nuestro futuro”, apuntó.

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El presunto narcotraficante mexicano Arnoldo Rueda Medina, alias “La Minsa”, compareció hoy ante una Corte Federal en Texas, horas después de ser extraditado desde México.

El procurador federal para el Distrito Norte de Texas, John Parker, informó que Rueda Medina, de 47 años, está acusado de tráfico de drogas como jefe del grupo criminal “La Familia Michoacana”.

La acusación sostiene que entre 2008 y 2009, Rueda Medina y otras 13 personas organizaron el envío de cocaína y metanfetamina del estado mexicano de Michoacán hacia Dallas y ciudades del norte de Texas.

“La Minsa” fue arrestado en México en 2009. Un año más tarde, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo colocó en su lista de principales narcotraficantes extranjeros, lo que permitió decomisar sus propiedades e intereses en el país.

“Este caso y otros similares demuestran que cuando trabajamos juntos con nuestros socios, tanto aquí como en México, podemos llevar ante la justicia a los líderes de los cárteles”, dijo el procurador Parker.

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El presidente Donald Trump abrió hoy la posibilidad de encontrar alternativas para resolver sus preocupaciones por la relación comercial con México y reconoció que un impuesto fronterizo afectaría a los consumidores estadunidenses.

“Creo que algo (del impuesto fronterizo) incidiría, pero también crearía empleos”, admitió en entrevista con la cadena CBN.

“Así que no estoy en contra de eso, pero respecto a México hay algo más que podría ocurrir que sería más positivo para ambos, México y los Estados Unidos”, añadió sin ofrecer detalles adicionales.

Trump fue entrevistado poco después de la conversación telefónica con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, en la que acordaron resolver sus diferencias como parte de una discusión integral de todos los aspectos de la relación bilateral.

“Acabo de terminar una conversación con el presidente de México. El es un hombre muy bueno... Una conversación muy cálida. Estamos platicando, estamos hablando, y vamos a ver qué pasa”, declaró Trump en la entrevista.

Cuestionado sobre la idea de imponer un impuesto fronterizo del 20 por ciento, sea a México o a todos los países con los que Estados Unidos tiene una relación comercial, Trump dijo tener el derecho de hacerlo.

“Es algo que tengo el derecho de hacer. Es algo que puedo imponer si quiero. Nos estamos llevando muy bien con el gobierno mexicano, vamos a ver qué pasa”, recalcó.

Aunque reconoció el argumento de quienes sostienen que un impuesto del 20 por ciento impactará especialmente a los consumidores estadunidenses, insistió que podría tener un efecto positivo sobre la creación de puestos de ocupación.

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El Ejército de Kenia confirmó hoy que el grupo Al-Shabab atacó una de sus bases militares en el sur de Somalia, pero negó que haya matado a 57 soldados kenianos y tomado el control del complejo, como aseguran los militantes somalíes.

Fuentes castrenses en Nairobi precisaron este viernes la información sobre el ataque, horas después de que el grupo aseguró que sus combatientes atacaron una base militar de Kenia en la ciudad somalí de Kulbiyow, cerca de la frontera entre ambos países.

Al reivindicar el ataque, un portavoz del grupo islamista sostuvo que esta mañana los mujahidines (combatientes) detonaron dos coches bomba en la base militar antes de irrumpir en el interior, donde mataron a 57 soldados kenianos, y tomaron vehículos y armas.

Afirmó que los soldados huyeron hacia el bosque y los combatientes asumieron el control de la base, la cual sirve de cuartel a la Misión de la Unión Africana en Somalia, de acuerdo con reportes del periódico keniano The Standard.

“Estamos cazando a los soldados que escaparon”, añadió el vocero, quien indicó que el grupo también perdió combatientes pero sin mencionar alguna cifra.

El ejército keniano negó las reivindicaciones de Al-Shabab y las calificó como “falsas”, pues el grupo “es conocido por la propaganda que hace, pero lo que está diciendo sobre el ataque es incorrecto, incluyendo el número”.

El coronel Paul Njuguman, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Kenia, declaró a la cadena de noticias Al Yazira que el grupo armado efectivamente lanzó un ataque contra la base militar, pero no tomó el control y tropas kenianas fueron desplegadas para hacerles frente.

De hecho, precisó que por el momento no podía decir más acerca de lo que ocurre ya que intensos combates siguen en curso, pero que una vez que terminen las operaciones el ejército dará detalles concretos y números precisos.

Al-Shabab lanza con frecuencia ataques contra las tropas de la Unión Africana (UA) estacionados en el país del Cuerno de África, sin embargo esta vez “fue un mal día” para el grupo, agregó Njuguman.

Las estimaciones de bajas que proporcionan los militantes islamistas difieren de manera notable de los datos oficiales, pero el grupo ha ido perdiendo extensas zonas del terreno conquistado en Somalia gracias a la ofensiva de las tropas africanas.

Al-Shabab busca derrocar al gobierno somalí y expulsar del país a las fuerzas de paz africanas, integradas por soldados de Kenia, Yibuti, Uganda, Etiopía y otras naciones del continente.

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Organizaciones defensoras del medio ambiente y de las causas indígenas denunciaron lo que consideran un intento del Gobierno brasileño de mermar los derechos de los indios, en particular burocratizando el proceso de demarcación de las tierras de esos pueblos nativos, muchas de ellas situadas en el Amazonas.

La semana pasada el Ministerio de Justicia –encargado de supervisar las demarcaciones de tierras de pueblos nativos brasileños- publicó una normativa para crear un nuevo órgano con capacidad de vetar la aprobación de nuevas tierras indígenas.

Eso es un intento, según organizaciones como Greenpeace o el Instituto Socioambiental (ISA), de burocratizar aún más el reconocimiento y protección de las tierras pertenecientes a decenas de etnias que ya existían en Brasil antes de la llegada de los colonizadores europeos.

“Este va a ser un año de gran presión. Es un momento de ofensiva, pero tenemos esperanza de que vamos a construir resistencia por medio del movimiento indígena y del cuestionamiento judicial”, explicó a Notimex la abogada Juliana Batista, del ISA, uno de los organismos de referencia en cuestiones etnoambientales en Brasil.

La decisión del Ministerio de Justicia de modificar el proceso de demarcación de las tierras indígenas fue posteriormente revertida por el propio Gobierno, pero una decena de organizaciones civiles estima que el objetivo del Ejecutivo brasileño es “retrasar o impedir la conclusión de procesos de demarcación”.

En la actualidad unas 280 tierras indígenas están en proceso de demarcación en Brasil.

La demarcación y homologación de tierras indígenas es un derecho establecido en la Constitución brasileña de 1988, y una etapa clave en el resarcimiento de las tierras indígenas ocupadas a lo largo de los siglos por el Estado y la iniciativa privada.

Su demarcación es polémica en Brasil, ya que cuando el Ejecutivo las aprueba, las tierras pasan a tener como usufructuarios únicos y exclusivos los grupos indígenas, que deben gestionar de forma sostenible la fauna y la flora.

En grupos económicos muy influyentes en Brasil como los productores agrícolas y ganaderos esas demarcaciones son percibidas con recelo, ya que reducen la disponibilidad de tierras para usos productivos.

El Gobierno de la expresidenta Dilma Rousseff ya fue muy criticado por su pasividad ante las demarcaciones y la aprobación de proyectos considerados contrarios a los derechos indígenas, como la presa hidroeléctrica de Belo Monte, erigida en el corazón del Amazonas.

La llegada de Michel Temer a la presidencia en mayo pasado exacerbó todavía más las preocupaciones, ante la percepción de que el nuevo mandatario priorizaría el desarrollo económico y la extensión de la producción agrícola, en vez de garantizar los derechos indígenas.

De hecho, en noviembre cerca de 300 personas de comunidades indígenas, cimarronas y de pescadores de varios estados de Brasil ocuparon los accesos principales al Palacio del Planalto, sede de la presidencia del país, para protestar por los recortes aprobados por el Ejecutivo en organismos federales que se encargan de velar por la protección de su territorio.

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Uno de los jefes policiales de la Operación Lava Jato –la mayor trama de corrupción de las últimas décadas en Brasil-, aseveró que el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva podría ser arrestado en “30 o 60 días”.

“No creo que hayamos perdido la oportunidad. El momento oportuno (de arrestar a Lula] puede ser en 30 o 60 días”, dijo el coordinador de la policía federal en las investigaciones de la Lava Jato, Igor Romario de Paula en una entrevista publicada este viernes por al portal brasileño UOL.

Aseguró que las investigaciones sobre la eventual implicación de Lula en la trama de desvíos de dinero de la estatal Petrobras -que ya afectó a más de 200 personas entre políticos, empresarios y funcionarios- están muy avanzadas.

“Imagino que en máximo 30 días las investigaciones estén concluidas”, dijo Romario al portal UOL, en referencia a las sospechas de que Lula hubiera recibido dinero ilícito por parte de constructoras por medio del pago sobrefacturado de conferencias y de una casa en Sao Paulo.

El exsindicalista, de 71 años, está imputado en cinco causas judiciales, tres de ellas por corrupción vinculada a la Operación Lava Jato, una trama que esta semana criticó como causante de la recesión económica que azota a Brasil.

“Los efectos de la Lava Jato en la economía llegan al 2.5 por ciento del Producto Interior Bruto”, dijo Lula, tras acusar a entes extranjeros de desempeñar un rol en “ese negocio de la Lava Jato” con el objetivo de permitir a empresas foráneas entrar en el sector petrolero.

El expresidente, que gobernó Brasil de 2003 a 2010, se dice víctima de persecución judicial que considera sin fundamentos y cuyo objetivo real es impedirle participar en las elecciones presidenciales de 2018.

Lula criticó este viernes las declaraciones del investigador y, en una nota publicada en su cuenta social, dijo que “no es a Lula a quien pretenden condenar: es el proyecto político que representó junto a millones de brasileños”.

Sus abogados dijeron que emprenderán acciones legales contra el investigador Igor Romario, por tratar en su entrevista a Lula de una forma “incompatible” con la Constitución y el reglamento interno de la policía.

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La Casa Blanca dijo hoy que el presidente Donald Trump evalúa la posibilidad de discutir con su par Vladimir Putin, en una conversación telefónica que sostendrán mañana sábado, el levantamiento de las sanciones impuestas a Rusia por Barack Obama.

“Todo eso está bajo consideración, y ciertamente, además de mejorar las relaciones con diferentes líderes extranjeros y sus naciones en todo el mundo”, dijo aquí Kellyanne Conway, asesora del presidente Trump a la cadena televisora Fox.

Agregó que si Putin quiere unirse a Estados Unidos para tener una conversación seria sobre cómo derrotar al terrorismo islámico radical, “así es como lo llamamos”, su gobierno estará abierto a esa discusión.

“Aquí los llamamos terroristas islámicos radicales, los llamamos asesinos. Si otra nación con recursos considerables, desea unirse con Estados Unidos para tratar de derrotar y erradicar el terrorismo islámico radical, entonces vamos a escuchar”, dijo.

La idea empero no fue bien recibida por el influyente senador republicano John McCain, quien la calificó de imprudente y amenazó con iniciar esfuerzos para que el Congreso imponga sanciones por su cuenta.

“Por el bien de la seguridad nacional de Estados Unidos y la de nuestros aliados, espero que el presidente Trump ponga fin a esta especulación y rechace un curso tan imprudente”, dijo en una declaración por escrito.

El presidente del Comité de Servicios Armados del Senado agregó que si el mandatario no desiste de está idea, “trabajaré con mis colegas para codificar las sanciones contra Rusia en la ley”.

Recordó que en los últimos tres años, bajo el gobierno de Putin, Recordó que Rusia invadió Ucrania, anexó Crimea, amenazó a los aliados de la OTAN, e intervino militarmente en Siria, “dejando un rastro de muerte, destrucción y promesas rotas en su estela”.

“Cada uno de nuestros tres últimos presidentes tenía grandes esperanzas de construir una asociación con el gobierno ruso. Cada intento fracasó, no por falta de buena fe y esfuerzo en los Estados Unidos, sino porque Putin quiere ser nuestro enemigo.

En diciembre pasado el presidente Barack Obama impuso nuevas sanciones contra Rusia en respuesta al hackeo conducido por el gobierno de Putin durante el pasado proceso electoral.

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La embajadora que el presidente Donald Trump nombró para que represente a Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, asumió su nuevo puesto con un discurso en que amenazó a aquellos países que no respalden las posiciones estadunidenses.

Tras presentar sus credenciales ante Antonio Guterres, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Haley afirmó este viernes en breves declaraciones a la prensa que “habrá un cambio” en la manera que la delegación de Estados Unidos trabajará en el seno de este organismo multilateral.

“Nuestro objetivo en el gobierno es mostrar nuestro valor en la ONU y la forma en que demostraremos valor es mostrando nuestra fuerza, mostrando nuestra voz, respaldando a nuestros aliados y asegurándonos de que nuestros aliados nos respalden”, manifestó Haley.

Ex gobernadora de Carolina del Sur sin ninguna experiencia diplomática, Haley amagó: “vamos a tomar los nombres de aquellos que no nos respalden, y vamos a aplicar medidas para responderles en consecuencia”.

Haley, quien reemplaza como representante estadunidense a Samantha Power, declaró además que el nuevo gobierno va a evaluar el funcionamiento de la ONU a fin de mejorar lo que funciona, arreglar lo que tiene fallas y deshacerse de lo que considere innecesario u obsoleto.

Las declaraciones de Haley, quien no aceptó preguntas de la prensa, suceden luego de críticas feroces de Trump a la ONU, en especial luego de la resolución aprobada el mes pasado en el Consejo de Seguridad que condenó la expansión de los asentamiento de Israel en los territorio palestinos ocupados.

Asimismo informes de prensa han señalado que Trump planea recortar de manera drástica el financiamiento de Estados Unidos a la ONU, que obtiene la mayoría de sus recursos de este país.

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Un hombre de 57 años fue arrestado luego de atacar a patadas a una mujer musulmana en el aeropuerto John F. Kennedy, de Nueva York, mientras mencionaba que “Trump ya está aquí” y que la deportaría, según el fiscal del condado de Queens.

En un comunicado, la fiscalía de Queens asentó que Robin Rhodes, de 57 años y originario del estado de Massachusetts, enfrenta cargos por crímenes de odio, lo que le podría significar una condena de cuatro años de prisión.

El fiscal Richard Brown indicó que Rhodes ingresó a la oficina de Rabeeya Khan, una empleada de la aerolínea Delta, preguntando si estaba durmiendo o rezando. Luego golpeó la puerta, que chocó contra la parte posterior de la silla de la víctima.

“No hiciste nada pero te voy a patear el maldito trasero”, dijo Rhodes, según la fiscalía.

Rhodes luego propinó patadas a Khan en la pierna derecha, y bloqueó el paso cuando la mujer quiso escapar.

Tras la intervención de otra persona, Khan salió corriendo de la oficina al mostrador de la aerolínea, frente al cual Rhodes se arrodilló y fingió rezar en la tradición musulmana.

“Maldito Islam, maldito ISIS (siglas en inglés del grupos terrorista Estado Islámico), Trump ya está aquí y se va a deshacer de todos ustedes”, dijo Rhodes, de acuerdo con los documentos de la corte.

Más tarde, el individuo expresó a Khan que preguntara a “Alemania, Bélgica y Francia sobre este tipo de personas”, y la amenazó: “ya verás qué pasa”.

La fiscalía dijo que Khan sufrió “dolor sustancial” y enrojecimiento en la pierna derecha.

Por su parte, Rhodes manifestó a la policía tras su arresto: “supongo que voy a la cárcel por conducta desordenada. No podía decir si era un hombre o una mujer porque la vi de espalda y tenía algo cubriéndose la cabeza”.

El fiscal Brown declaró: “el fanatismo y el odio del que el acusado es sospechoso de manifestar y que lo hicieron actuar no tienen lugar en una sociedad civilizada, especialmente en Queens, el condado más culturalmente diverso de la nación. Los crímenes de odio nunca serán tolerados aquí”.

El ataque ocurrió un día después de que el presidente Donald Trump firmara una acción ejecutiva en que de manera efectiva impone una prohibición para que los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana ingresen a Estados Unidos.

La acción ejecutiva adoptada por Trump tiene la supuesta intención de proteger a Estados Unidos de ataques terrorista lanzados por musulmanes extremistas.