Organizaciones denuncian amenaza a derechos indígenas en Brasil from Olivia Diaz's blog
Notimex
Organizaciones defensoras del medio ambiente y de las causas indígenas denunciaron lo que consideran un intento del Gobierno brasileño de mermar los derechos de los indios, en particular...Organizaciones defensoras del medio ambiente y de las causas indígenas denunciaron lo que consideran un intento del Gobierno brasileño de mermar los derechos de los indios, en particular burocratizando el proceso de demarcación de las tierras de esos pueblos nativos, muchas de ellas situadas en el Amazonas.
La semana pasada el Ministerio de Justicia –encargado de supervisar las demarcaciones de tierras de pueblos nativos brasileños- publicó una normativa para crear un nuevo órgano con capacidad de vetar la aprobación de nuevas tierras indígenas.
Eso es un intento, según organizaciones como Greenpeace o el Instituto Socioambiental (ISA), de burocratizar aún más el reconocimiento y protección de las tierras pertenecientes a decenas de etnias que ya existían en Brasil antes de la llegada de los colonizadores europeos.
“Este va a ser un año de gran presión. Es un momento de ofensiva, pero tenemos esperanza de que vamos a construir resistencia por medio del movimiento indígena y del cuestionamiento judicial”, explicó a Notimex la abogada Juliana Batista, del ISA, uno de los organismos de referencia en cuestiones etnoambientales en Brasil.
La decisión del Ministerio de Justicia de modificar el proceso de demarcación de las tierras indígenas fue posteriormente revertida por el propio Gobierno, pero una decena de organizaciones civiles estima que el objetivo del Ejecutivo brasileño es “retrasar o impedir la conclusión de procesos de demarcación”.
En la actualidad unas 280 tierras indígenas están en proceso de demarcación en Brasil.
La demarcación y homologación de tierras indígenas es un derecho establecido en la Constitución brasileña de 1988, y una etapa clave en el resarcimiento de las tierras indígenas ocupadas a lo largo de los siglos por el Estado y la iniciativa privada.
Su demarcación es polémica en Brasil, ya que cuando el Ejecutivo las aprueba, las tierras pasan a tener como usufructuarios únicos y exclusivos los grupos indígenas, que deben gestionar de forma sostenible la fauna y la flora.
En grupos económicos muy influyentes en Brasil como los productores agrícolas y ganaderos esas demarcaciones son percibidas con recelo, ya que reducen la disponibilidad de tierras para usos productivos.
El Gobierno de la expresidenta Dilma Rousseff ya fue muy criticado por su pasividad ante las demarcaciones y la aprobación de proyectos considerados contrarios a los derechos indígenas, como la presa hidroeléctrica de Belo Monte, erigida en el corazón del Amazonas.
La llegada de Michel Temer a la presidencia en mayo pasado exacerbó todavía más las preocupaciones, ante la percepción de que el nuevo mandatario priorizaría el desarrollo económico y la extensión de la producción agrícola, en vez de garantizar los derechos indígenas.
De hecho, en noviembre cerca de 300 personas de comunidades indígenas, cimarronas y de pescadores de varios estados de Brasil ocuparon los accesos principales al Palacio del Planalto, sede de la presidencia del país, para protestar por los recortes aprobados por el Ejecutivo en organismos federales que se encargan de velar por la protección de su territorio.
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