Kiosk of the Palatzio

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Dos de las senadoras más prominentes de Estados Unidos enviaron el jueves un aviso en el que dicen que esperan cambios en las prácticas del Capitolio para lidiar con denuncias oficiales por parte del personal del Congreso.

La republicana Susan Collins y la demócrata Patty Murray señalaron en una carta dirigida a la cúpula del Senado y a su poderosa Comisión de Asignaciones Presupuestarias, que los asistentes que denuncien ser víctimas de acoso sexual no deberían tener que pasar por periodos para “enfriar” la situación ni por mediaciones.

Las mujeres cuentan con gran autoridad en la Comisión de Asignaciones Presupuestarias y afirman que la ley de gastos debe incluir medidas para mejorar la capacitación sobre acoso sexual y para realizar cambios a la manera como se manejan las denuncias. Murray es la mujer demócrata de mayor rango en el Senado y Collins cuenta con esa misma distinción entre las mujeres republicanas.

Collins y Murray señalaron que el personal de apoyo que experimente acoso también debería tener acceso a “recursos confidenciales independientes” que les brinden asesoría durante el proceso de denuncia.

El mes pasado, el Senado aprobó de manera unánime una resolución que obliga a senadores y personal a participar en una capacitación de acoso laboral, una medida que Collins y Murray definieron como un “buen primer paso”.

El Congreso ha tenido por mucho tiempo una cultura de proteger a sus miembros. Los procedimientos actuales para el manejo de denuncias y maltratos por parte de los empleados requieren, por ejemplo, que las víctimas participen en una orientación y una negociación de manera obligatoria, y un periodo de pausa antes de presentar una acusación.

Collins y Murray señalan que eso debe cambiar, por lo que se requeriría enmendar la Ley de Responsabilidad del Congreso de 1995.

“Cuando los empleados experimentan un acoso, deberían tener acceso a recursos confidenciales independientes para recibir asesoría y asistencia a través del proceso de resolución de denuncias”, escribieron Collins y Murray. “Ese proceso deberían mejorarse para que los plazos arbitrarios y los procesos obligatorios, como los periodos de ‘enfriamiento’, orientación y mediación, no desalienten la presentación de la denuncia”.

Se prevé que el Congreso promulgue una iniciativa de gastos el próximo mes, que podría ser un vehículo para atender el asunto.

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Dos personas murieron y tres más resultaron heridas en dos incidentes de apuñalamiento, dijo el jueves la policía de la ciudad sureña de Maastricht.

En un tuit, la policía dijo que se detuvo a un sospechoso de estar involucrado en los incidentes. No dieron a conocer más detalles del sospechoso o las víctimas, pero destacaron que las investigaciones “no han dado ningún motivo para asumir” que el terrorismo fue la causa de los ataques.

Los incidentes se registraron en un barrio residencial del norte de Maastricht, una ciudad ubicada a 215 kilómetros (133 millas) al sur de Ámsterdam, y cerca de la frontera con Bélgica y Alemania.

La policía señaló que un hombre fue asesinado a puñaladas durante una pelea alrededor de las 9 p.m. (2000 GMT) y que el sospechoso huyó del lugar. Unos 10 minutos más tarde, una mujer fue acuchillada a muerte y dos hombres resultaron heridos a menos de un kilómetro (media milla) del primer incidente. Posteriormente se encontró a un tercer lesionado dentro de una mezquita local.

La policía indicó que la investigación sigue abierta.

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Más de una tercera parte de los empleados del Departamento del Interior dijeron haber sufrido acoso o discriminación en el último año, afirmó la dependencia el jueves en un informe sobre sus condiciones laborales.

Los resultados de un sondeo anónimo a los casi 70.000 empleados del departamento muestran que el 8% reportaron haber sido víctimas de acoso sexual, y el 16% dijeron haber sufrido acoso con base en su género. Más del 9% describieron padecer acoso con base en su raza o su etnia.

Unos 450 empleados experimentaron alguna forma de violencia sexual, incluidos toqueteos indeseados, sexo forzado o intento de sostener relaciones sexuales, según el informe.

El sondeo se llevó a cabo de enero a marzo de 2017 y cubrió el período de 12 meses antes de que fuera completado. Más de 28.000 empleados participaron.

Ryan Zinke, el secretario del Interior, publicó las cifras correspondientes al Servicio de Parques Nacionales hace dos meses en una conferencia de prensa en el Gran Cañón, con el fin de atender las quejas generalizadas de acoso y discriminación laboral dentro de la agencia.

Los investigadores federales han hallado problemas en muchos de los parques nacionales más importantes del país, incluidos Yosemite, Yellowstone y la Costa Nacional Cañaveral en Florida. Un escándalo de acoso sexual en el Gran Cañón obligó a retirar al supervisor del parque en mayo de 2016.

En un comunicado, Zinke dijo el jueves que tiene “cero tolerancia para cualquier tipo de acoso en el trabajo”, y añadió que les pidió a los líderes de departamentos que se movilicen con rapidez “para mejorar la rendición de cuentas y la transparencia con relación a este comportamiento absolutamente intolerable”.

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Brown reportó desde Billings, Montana.

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Un juez federal de Estados Unidos condenó a 18 años de prisión a dos sobrinos de la primera venezolana Cilia Flores, tras encontrarlos culpables de conspiración para traficar drogas.

El juez Paul Crotty también condenó a Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas a pagar, cada uno, una multa por 50.000 dólares.

Ambos hombres se disculparon por sus crímenes.

Hace un año, un jurado los había declarado culpables de asociación delictiva para transportar 771 kilogramos de cocaína.

Campo, de 31 años, y Flores, de 33, fueron detenidos a finales de 2015 en Haití y enviados a Nueva York, donde se han declarado inocentes en todo momento de los cargos.

Apenas hace unos días, parientes, amigos y abogados de ambos pidieron compasión al juez del caso, y los presentaron como dos jóvenes padres que extrañan a su familia, que nunca habían delinquido y que cometieron un error al verse tentados a ganar miles de dólares.

Un fiscal consideró ofensivos los crímenes cometidos por Campo y Flores, al considerar que querían obtener dinero en parte para mantener en el poder a su familia.

El juez rechazó una prisión de los fiscales para que fueron condenados a 30 años de prisión. La defensa había pedido no más de 10 años.

Los dos venezolanos escucharon la audiencia a través de audífonos.

El juez se dijo sorprendido por cómo habían actuado y consideró que “no fueron los traficantes más astutos”.

La defensa dijo a Crotty que en realidad ellos nunca transportaron ninguna droga.

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El centroderechista Sebastián Piñera y el centroizquierdista Alejandro Guillier despliegan el jueves sus últimos movimientos para conquistar los votos que necesitan para ganar la segunda vuelta electoral del domingo, en una de las contiendas más apretadas de los últimos tiempos en Chile, según analistas.

Ambos candidatos presidenciales realizan sus respectivos cierres de campaña en la jornada. El sucesor de la presidenta Michelle Bachelet saldrá entre Piñera, un ingeniero comercial de 68 años que ya gobernó Chile entre 2010-2014, y el periodista y sociólogo Guillier, el abanderado del oficialismo de 64 años.

Las encuestas, que dieron a Piñera como gran favorito en la primera vuelta, no atinaron y como en Chile está vedado publicar sondeos dos semanas antes de la votación no se tiene un panorama claro, aunque algunos expertos avizoran un final estrecho. Piñera obtuvo 36% de las preferencias en el primer ejercicio, Guillier 22% y Beatriz Sánchez --la candidata del izquierdista Frente Amplio (FA)-- alcanzó un inesperado tercer lugar con 20% de los votos.

El FA surgió en enero con la unión de 14 pequeños partidos y movimientos que nacieron para oponerse a la Nueva Mayoría, la coalición de centroizquierda que llevó al poder a Bachelet y que se fracturó debido a roces internos, lo que llevó al centristra Partido Demócrata Cristiano (PDC) a buscar su propia aventura electoral en noviembre, sacando menos del 6% de los votos.

Piñera recibió un apoyo importante tras la primera votación al sumar a sus huestes a un candidato de ultraderecha que obtuvo un 7,9% de los sufragios, al tiempo en que también añadió a su causa a un senador centroderechista que obtuvo 370.000 sufragios.

Guillier, al igual que Piñera, ha tratado de conquistar a muchos decepcionados militantes y adherentes del PDC, aunque lo hace con cautela para no espantar a los seguidores del FA, cuyas demandas son mucho más radicales que las formuladas por el candidato oficialista.

Piñera y Guillier han integrado parcialmente ideas de excandidatos del Frente que ahora los apoyan. Una de las que llama la atención es el ofrecimiento del exmandatario de otorgar gratuidad al 90% de los estudiantes de educación técnica, en forma gradual y según el crecimiento económico del país, ya que es un opositor a la gratuidad, uno de los pilares del programa de Bachelet.

El postulante oficialista se comprometió a condonar la deuda del 40% de los universitarios que tienen créditos con la banca comercial, que es una de las demandas del FA, aunque ellos aspiraban a la condonación para todos los acreedores, cerca de 500.000 personas.

Tras el cierre de la campaña electoral se inicia un período de silencio propagandístico hasta el domingo, en que no se podrán realizar encuestas a boca de urna.

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Un grupo defensor de los animales retiró 111 gatos de una vivienda en Ohio donde halló otros 55 de los felinos muertos.

Empleados de la organización Columbus Humane con ropa protectora retiraron los gatos de la casa de un hombre de 60 años, informó el diario Dispatch.

Una vocera de Columbus Humane dijo que muchos de los gatos se encontraban en condiciones “deplorables” y los veterinarios los examinaban para reunir pruebas y decidir su futuro. La vocera Kerry Shaw dijo que la organización, abrumada por tantos felinos, cerró su refugio al público momentáneamente.

Columbus Humane responde a las denuncias de crueldad y abandono por pedido de la policía. Shaw dijo que se presentará una demanda contra el hombre.

La semana próxima se realizará una audiencia en la corte ambiental del condado de Franklin para estudiar la situación.

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La decisión de un juez de ordenar la devolución de cuentas y bienes a un exfuncionario que confesó actos de corrupción indignó el jueves a los panameños y sumó nuevos cuestionamientos a la administración de justicia en el país.

El magistrado validó la víspera un acuerdo de colaboración entre Rafael Guardia, exdirector del Programa de Ayuda Nacional, y la fiscalía anticorrupción que le impuso una condena de cinco años de prisión y lo obligó a devolver más de 30 millones de dólares provenientes de una trama de corrupción en esa entidad de asistencia social, uno de los mayores escándalos de la administración del presidente Ricardo Martinelli (2009-2014).

Pero al mismo tiempo el magistrado determinó que se devuelvan a Guardia dos apartamentos y una residencia de casi un millón de dólares y que se liberen varias cuentas bancarias por considerar que la fiscalía no había comprobado que tuvieran un origen ilegal.

En un comunicado el Ministerio Público dejó entrever su sorpresa e informó que pidió al juez que reconsidere la decisión. A su vez aseguró que una de las cuentas liberadas posee más de tres millones de dólares y no 21.000 dólares como alegó la defensa.

“El acuerdo es lo más bellaco que produce nuestra administración de justicia”, manifestó el jueves Ernesto Cedeño, un prominente abogado y activista en la lucha contra la corrupción en Panamá. “Cinco años por todos los casos. Saldrá libre y con plata”, se quejó.

La defensa argumenta que el juez sólo dio luz verde a un acuerdo negociado con la fiscalía durante meses y que la confesión e información brindadas por Guardia permitirán resolver otros casos de corrupción en el pasado gobierno.

Pero muchos consideran que la decisión de devolver bienes y dinero a un corrupto confeso envía un mal mensaje en un país plagado de escándalos y con una mellada credibilidad en la justicia.

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Sindicatos y organizaciones políticas y sociales se concentraban el jueves en las cercanías del Congreso argentino en un escenario de creciente tensión para rechazar un controvertido proyecto de recorte de las jubilaciones que el gobierno apuesta a convertir en ley.

El edificio de Parlamento fue blindado con un vallado resguardado a su vez por cordones de agentes de la policía y la gendarmería -la policía de fronteras- horas antes del inicio de una de las sesiones legislativas más caldeadas que se recuerdan en los últimos tiempos.

El proyecto que supone un recorte en los haberes jubilatorios, pensiones y ayudas para familias pobres a partir de marzo de 2018 ya fue aprobado por el Senado. El gobierno del presidente Mauricio Macri apuesta convertirlo en ley en una sesión maratónica en la cámara baja para lo que necesita el apoyo de sectores de la oposición.

Los votos no estaban asegurados horas antes del inicio del debate.

La iniciativa tiene como eje central la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria que establece los aumentos periódicos aplicados a los haberes en un contexto inflacionario. Abogados advirtieron que la aplicación retroactiva de este mecanismo es inconstitucional y opositores vaticinaron una catarata de juicios por parte de los jubilados.

En la actualidad las jubilaciones se ajustan semestralmente tomando en cuenta la evolución de los salarios y la recaudación impositiva. El proyecto contempla que el aumento sea trimestral y se establezca en un 70% por el índice de inflación y el resto por el incremento de los salarios.

El aumento previsto para marzo se calcularía bajo la nueva fórmula, lo cual implicaría un recorte en los haberes respecto del anterior cálculo.

El jefe de Gabinete Marco Peña dijo a periodistas que el gobierno es optimista acerca de que la reforma salga adelante. Las modificaciones fueron pactadas en el marco de un acuerdo con los gobernadores de las provincias tanto del oficialismo como la oposición que les garantiza financiación para sus deficitarias arcas públicas.

Peña sostuvo que los cambios no supondrán un recorte ya que contemplan que los haberes estén siempre por encima de la inflación. “El año que viene los jubilados van a estar en torno al 5%” por arriba del índice general de precios, afirmó.

El gobierno recordó además que 1,2 millón de jubilados han logrado actualizar sus haberes durante la administración de Macri que comenzó hace dos años.

La diputada opositora Mirta Tundis cuestionó que “cuando hay un descuento esto nunca más se corrige” y afirmó que la dinero que se ahorraría el gobierno en jubilaciones y otras prestaciones “es para los gobernadores”.

La legisladora criticó el argumento oficialista acerca de que los haberes van a estar cinco puntos por arriba de la inflación al señalar que ello no será sobre el monto que les correspondería a los jubilados en marzo según el modelo actual, sino sobre uno menor producto del ajuste que contempla la iniciativa.

“Para corregir esa pérdida deberían dar un aumento adicional, lo que ningún gobierno va a hacer”, afirmó.

Expertos sostienen que el sistema previsional argentino es insostenible debido a que no hay suficientes trabajadores que aporten para sostener los haberes jubilatorios por el gran porcentaje de trabajo en negro o ilegal.