Kiosk of the Palatzio

AP

La Corte Suprema de Estados Unidos parecía dispuesta el miércoles a imponer límites al poder del gobierno para anular la ciudadanía estadounidense a inmigrantes por mentir durante el proceso de naturalización.

La última sesión de argumentos de la Corte Suprema, hasta su reanudación en octubre, fue particularmente animada e incluyó un duro regaño a un abogado del Departamento de Justicia por parte del juez que lleva más tiempo en la corte, y ejemplos de mentiras menores que los mismos jueces podrían decir.

El gobierno del presidente Donald Trump sostiene que incluso mentiras menores como manejar muy rápido u omitir apodos infantiles pueden conllevar a la pérdida de la ciudadanía.

El juez Anthony Kennedy dijo al abogado Robert Parker que su argumento "está degradando el valor incalculable de la ciudadanía".

El presidente de la corte John Roberts, quien muchas veces advierte sobre los amplios poderes del gobierno en casos criminales, dijo que la interpretación que hace el gobierno de las leyes migratorias podría conllevar a "abuso de la fiscalía". Los abogados del gobierno del expresidente Barack Obama tuvieron la misma opinión que sus sucesores.

La corte está considerando el caso de una serbia étnica de Bosnia a quien se le revocó la ciudadanía estadounidense por mentir sobre las circunstancias que la trajeron a Estados Unidos.

La mujer, Divna Maslenjak, y su familia recibieron estatus de refugiados en 1999 y se asentaron cerca de Akron, Ohio, en el 2000. Maslenjak se naturalizó en el 2007.

Inicialmente, dijo a funcionarios de inmigración que su esposo no había servido en las fuerzas militares serbio-bosnias. Esa fue una mentira, según reconoció ella después, y las cortes menores respaldaron el veredicto de culpabilidad que le dieron por cargos criminales. El veredicto de culpabilidad automáticamente revocó su ciudadanía, y ella y su esposo fueron deportados en octubre.

El asunto a resolver para los jueces es qué tan importantes fueron sus declaraciones falsas para su solicitud de ciudadanía. Cortes menores han estado en desacuerdo con el estándar.

Roberts trató de ilustrar la importancia de hacer distinciones entre las mentiras con un ejemplo sobre exceso de velocidad.

"Hace un tiempo atrás, tanto que ya expiró el tiempo límite para cuestiones legales, manejé a 96 kilómetros (60 millas) en zona de 88 kilómetros (55 millas) por hora", dijo Roberts, provocando risas. "No me arrestaron. Ahora, tú dices que si contesto a esa pregunta, 'No', 20 años después de que me naturalicé, tú puedes tocar a mi puerta y decir, '¿Adivina qué? Ya no eres ciudadano estadounidense'".

Parker dijo las respuestas en los formularios y en las entrevistas podrías parecer inocuas, aun si no son ciertas. “Podría mentir sobre su peso, por decir algo.... El caso es que el Congreso específicamente abordó las falsas declaraciones bajo juramento en estos procesos. Ha especificado que es un delito mentir bajo juramento en el proceso de naturalización, aun sobre un asunto inmaterial, y ha señalado que ciertas de esas mentiras inmateriales deniegan categóricamente la naturalización”, afirmó. Parker.

Se espera que la corte decida para fines de junio sobre el caso Maslenjak vs. Estados Unidos.

Notimex

El pleno del Senado aprobó el dictamen que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que prevé hasta 30 años de prisión a los funcionarios, policías o ministerios públicos que cometan en ese elito.

En sesión ordinaria se aprobó por unanimidad, con 90 votos, la ley que establece comete el delito de tortura el servidor público que para obtener información o confesión, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal o medio de coacción, cause dolor o sufrimiento a otra persona.

Detalla que se prevé pena de 10 a 20 años de cárcel, así como de 500 a mil días de multa de salario mínimo al servidor público que incurra en este delito. La pena se aumentará en la mitad, es decir hasta 30 años de prisión, cuando la víctima de tortura sea niño, niña o adolescentes.

La misma pena máxima de hasta 30 años de cárcel si la víctima es una mujer gestante, una persona con discapacidad, sea un adulto mayor, sea sometido a cualquier forma de violencia sexual, tenga la condición de migrante, afrodescendientes o pertenezca a una comunidad indígena.

La nueva ley, que fue turnada al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación señala que en el caso de particulares se prevé una pena de hasta 12 años de cárcel y 300 días de salario mínimo de multa cuando participen en el delito de tortura.

Los servidores públicos o particulares que sean sentenciados por este delito no podrán gozar de la figura del indulto, tampoco el de la amnistía.

Asimismo, se prevé aplicar las mismas sanciones a los superiores jerárquicos, cómplices y colaboradores en actos de tortura y como medida temporal se prevé la remoción de servidores públicos señalados o investigados por este delito, con el objetivo de que no entorpezcan la indagatoria en su contra.

También se prevé que el delito de tortura se persiga de oficio, por denuncia, por noticia o vista de la autoridad judicial.

Además se reforman el Código Penal Federal, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de Extradición Internacional.

Con las modificaciones se precisan los tipos penales y las sanciones respectivas a la comisión de estos delito; la distribución de competencia y de coordinación en los tres niveles de gobierno para prevenir, investigar, juzgar y sancionarlo, y las medidas que garanticen los derechos de las víctimas.

De acuerdo con las comisiones dictaminadoras, la promulgación de una Ley General contra la Tortura y los Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, es una oportunidad histórica para el establecimiento de un marco legal eficaz e inequívoco que puede sentar las bases de la erradicación de la tortura en el país y enfrentar las problemáticas institucionales en este ámbito.

AP

Unas 400 personas marcharon el miércoles por las calles de Minsk para conmemorar el aniversario del desastre de la planta de energía nuclear de Chernóbil, ocurrido en 1986, y protestar por la construcción de una nueva planta nuclear en Bielorrusia.

El miércoles se cumplieron 31 años de la explosión e incendio en el complejo nuclear en la vecina Ucrania. El desastre esparció humo contaminado sobre una gran porción del norte de Europa. Alrededor de una cuarta parte del territorio de Bielorrusia sufrió los estragos de la contaminación y un sector de 2.200 kilómetros cuadrados (850 millas cuadradas) en Bielorrusia fue declarado inapto para la población humana.

Los manifestantes acusaron que las autoridades cada vez permiten más actividades agrícolas en tierras contaminadas y exhortaron a las autoridades a frenar la construcción de una planta nuclear, que será inaugurada en 2019.

A diferencia de recientes protestas de oposición en las que se arrestó a cientos de manifestantes, la marcha en Minsk se realizó con permiso de las autoridades.

Notimex

El pleno del Senado aprobó una reforma que sanciona hasta con seis años de cárcel a los abogados, empresas y bufetes dedicados a la cobranza extrajudicial que hostigan y amenazan a los clientes de bancos, casas de préstamos, agencias de autos y tiendas de electrodomésticos.

En la sesión ordinaria del Senado se aprobó por unanimidad y con 78 votos la reforma al Código Penal Federal que fue turnada al Ejecutivo federal para su publicación y que sanciona de uno a cuatro años de prisión y multa de 50 mil a 300 mil pesos a quien lleve a cabo la actividad de cobranza extrajudicial ilegal.

Si utiliza además documentos o sellos falsos, la pena y la sanción económica aumentará a seis años de prisión.

Además, si incurre en usurpación de funciones o de profesión, se aplicarán las reglas del concurso de delitos señalado en el Código Penal Federal.

La reforma aprobada expone que se entiende por cobranza extrajudicial ilegal el uso de la violencia o el engaño, así como el hostigamiento o intimidación ilícitos, ya sea personalmente o a través de cualquier medio, para requerir el pago de una deuda derivada de actividades reguladas en leyes federales, incluyendo créditos o financiamientos.

La reforma no considera como intimidación ilícita informar las consecuencias posibles y jurídicamente válidas del impago o la capacidad de iniciar acciones legales contra el deudor, aval, obligado solidario o cualquier tercero relacionado a éstos, cuando éstas sean jurídicamente posibles.

AP

La expresidenta argentina Cristina Fernández y su hija, Florencia Kirchner, procesadas por la justicia, podrán salir del país para concretar en mayo un viaje a Grecia, Bélgica y Gran Bretaña.

El juez federal Claudio Bonadío concedió el miércoles la autorización a la exmandataria (2007-2015) y a su hija una vez que cumplan con una caución de 150.000 pesos (unos 9.5000 dólares). Asimismo, les impuso la obligación de comparecer ante su juzgado dentro de las 48 horas de su regreso al país, informó el Centro de Información Judicial.

Fernández, de 64 años, y su hija, de 26, estarán fuera de Argentina entre el 5 y el 19 de mayo y su viaje incluirá las ciudades de Atenas, Bruselas y Londres. La exmandataria brindará charlas en Grecia, donde se reunirá con el primer ministro Alexis Tsipras, se entrevistará con parlamentarios europeos y hará una disertación ante una sociedad universitaria de la Universidad de Oxford. La joven argumentó que desea acompañar a su madre por razones personales.

El juez señaló que Fernández y la hija que tuvo con el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), a las que ha procesado por lavado de dinero, entre otros delitos, y había prohibido salir del país, pueden viajar por haber estado “a derecho en las actuaciones” y acreditado “las fechas de egreso e ingreso y lugar de residencia durante las fechas de solicitud”.

Bonadío sostuvo además en una resolución que la caución se justifica porque las imputadas son sospechosas de distintos delitos e indicó que la medida tiene como objeto “ser un elemento disuasivo suficiente” para evitar que se fuguen del país o eludan la acción de la justicia “ante la perspectiva de perder el monto abonado”.

Bonadío también ha acusado a la exmandataria y a su hija de haber encabezado una asociación ilícita que presuntamente recibía sobornos de empresarios beneficiados con distintos negocios con el Estado. El magistrado hizo las mismas acusaciones contra Máximo Kirchner, hermano de Florencia. En otra causa judicial, el juez procesó a Fernández por supuestamente haber ordenado maniobras irregulares en el mercado cambiario que causaron un perjuicio económico al Estado.

La exmandataria y sus hijos apelaron esas medidas y sostienen que son víctimas de una persecución judicial y mediática.

Días atrás, Fernández obtuvo el visto bueno del juez federal Julián Ercolini para hacer el viaje. Este magistrado había procesado meses atrás a la expresidenta por administración fraudulenta en la concesión de obras públicas.

Notimex

El Consejo General de la Comisión Estatal Electoral (CEE) aprobó el registro como partido político estatal a la organización ciudadana Rectitud, Esperanza Demócrata (RED), al determinar que cumplió con todos los requisitos de la normativa electoral.

El organismo dio a conocer que RED celebró 43 asambleas municipales y cuenta con 15 mil 293 afiliados en el Estado, por lo que conforme a la ley, su registro surtirá efectos constitutivos a partir del 1 de julio de 2017 y podrá contender en las elecciones estatales del 2018.

Explicó que a través de su presidente, Alain Gerardo Sandoval Serna, RED presentó en enero de 2016 su aviso de intención para iniciar los trámites y constituirse como partido político local.

Indicó que el pasado 31 de enero presentó ante la CEE, su solicitud de registro como entidad política, tras cumplir todos los requisitos estipulados como celebrar asambleas con las personas afiliadas, en cuando menos 34 de los 51 municipios del Estado; o en 17 de los 26 distritos electorales locales.

Asimismo, contar con un mínimo de 9 mil 573 afiliados, equivalente al 0.26 por ciento del padrón electoral utilizado en la última elección en Nuevo León, unos tres millones 682 mil 177 electores.

La CEE indicó que en enero de 2016, un total de 11 asociaciones ciudadanas presentaron ante el organismo su Aviso de Intención para obtener registro como partido local, pero solo cuatro recibieron el aval para iniciar trámites a fin de constituirse como partido.

En febrero de 2017, luego de que estas organizaciones iniciaron diligencias, la CEE negó la solicitud de registro para constituirse como partido a Cruzada Ciudadana de Nuevo León, A. C., por incumplir con el número de asambleas necesarias.

Asimismo, se rechazó la solicitud de Ciudadanos Regiomontanos Trabajando y Restauremos Nuevo León, las cuales no celebraron asambleas.

Por otro lado, la CEE dio a conocer que el órgano electoral determinó el 6 de octubre de 2017 como fecha de inicio del proceso electoral 2017-2018, conforme al artículo 92 de la Ley Electoral para el estado.

AP

En una crítica furibunda a lo que llamó una "apropiación indebida masiva de tierras por el gobierno federal", el presidente Donald Trump firmó el miércoles un decreto que ordena al secretario de Recursos Naturales revisar la designación de decenas de monumentos nacionales en tierras federales.

La medida podría eliminar protecciones vigentes en Utah y otros estados bajo la Ley de Antigüedades de 1906, que autoriza al presidente a declarar monumentos nacionales que limitan el uso de esas tierras.

El presidente está tratando de acumular logros antes del sábado, cuando cumple sus primeros 100 días en funciones.

Durante una ceremonia de firma en el Departamento del Interior —equivalente al de recursos naturales o ambiente en otros países_, Trump dijo que el decreto pondrá fin a "otro abuso intolerable del poder federal" y "devolverá ese poder a los estados y al pueblo, a quienes corresponde".

Trump acusó al gobierno anterior de usar la ley para "colocar unilateralmente millones de acres (hectáreas) de tierra y agua bajo estricto control federal", una práctica que calificó de "apropiación indebida masiva de tierras por el gobierno federal".

"En algún momento, la ley se ha convertido en una herramienta de promoción política más que de beneficio público", dijo el secretario de Interior, Ryan Zinke, antes de la forma. "Y es fácil comprender por qué las comunidades locales más afectadas suelen tener una visión negativa de las designaciones".

El entonces presidente Barack Obama enfureció a los republicanos de Utah en diciembre cuando creó el Monumento Nacional Bears Ears en millones de acres (hectáreas) de tierras que son sagradas para los pueblos nativos y abarcan decenas de miles de sitios arqueológicos.

Los republicanos en el estado han pedido a Trump que derogue esa designación con el argumento de que frenará el crecimiento al impedir el aprovechamiento comercial y energético de la zona. La Ley de Antigüedades no da al presidente el poder de derogar una designación y ningún mandatario ha tomado esa medida.

Trump se dispone a firmar varios decretos en el intento de acumular logros de cara a su centésimo día en funciones. Ha firmado muchos decretos en todo este tiempo, a pesar de haber fustigado a Obama durante la campaña electoral por hacer lo mismo.