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El alcalde del condado Miami-Dade, Carlos Giménez, malinterpretó la ley y el riesgo de perder la ayuda federal ante las políticas del presidente Donald Trump, al ordenar a las cárceles locales...El alcalde del condado Miami-Dade, Carlos Giménez, malinterpretó la ley y el riesgo de perder la ayuda federal ante las políticas del presidente Donald Trump, al ordenar a las cárceles locales retener a reclusos requeridos por agentes de migración, afirmó hoy una coalición de grupos civiles.
"El condado no debe ceder ante la embestida del presidente Trump", indicaron en una carta líderes locales de la Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU), la Unión Internacional de Empleados de Servicio, el Centro Legal sobre la Pobreza del Sur y otros grupos.
"Aunque el alcalde Giménez y otros pueden haber sido engañados y creer lo contrario, Miami-Dade no se arriesga a la pérdida de cualquier financiamiento federal”, señaló la misiva enviada a la Junta de Comisionados del Condado de Miami-Dade.
El documento afirmó que hay "restricciones significativas" para que el gobierno federal pudiera recortar los fondos del Condado de Miami-Dade en el futuro.
Una administración federal no puede imponer nuevas condiciones a los fondos para el condado, sin antes dar la oportunidad de decidir si quiere renunciar a los fondos federales o cambiar las políticas, añadió.
Los grupos instan a la junta de comisionados de Miami-Dade a defender una resolución en ese sentido que el condado adoptó por unanimidad en 2013 y que entró en vigencia en 2014.
Giménez emitió una directiva el 26 de enero pasado a las cárceles para que cooperar con autoridades migratorias y retener a indocumentados con delitos mayores, un día después de que el presidente Trump ordenó a su administración moverse hacia la retención de fondos federales de las llamadas “ciudades santuario” que no cooperan plenamente con las autoridades de inmigración.
Giménez y el patrocinador original del cambio de política de 2013, la comisionada Sally Heyman, habían estado luchando contra la designación de “ciudad santuario” desde que un informe de 2016 del Departamento de Justicia de Obama aplicó el estatus a Miami-Dade.
Según los grupos la resolución de 2013 ha ahorrado millones de dólares de impuestos y mejorado las relaciones de la comunidad con la policía, al no exigir a los oficiales retener a las personas en las cárceles del condado a solicitud de las autoridades de inmigración.
La junta de comisionados del condado ha programado una audiencia especial el 17 de febrero para discutir la política de detención.
Otras ciudades de Estados Unidos han prometido continuar manteniendo la aplicación de la ley local separada de las leyes de inmigración, incluyendo Boston, Chicago, Cincinnati, Denver, San Francisco, Syracuse, Nueva York y Washington DC.
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