Corrupción en Colombia es “un monstruo de mil patas” from Olivia Diaz's blog

Notimex

La corrupción en Colombia tiene grandes tentáculos en el sector público y privado, que quedaron expuestos en el escándalo de la multinacional Odebrecht, que obligó a los órganos de control del Estado en lanzar una declaración de alerta máxima.

La epidemia de la corrupción es considerada en Colombia, como “un monstruo de mil patas”, que ha estado presente por décadas en toda la estructura estatal y privada de la sociedad colombiana.

Es un fenómeno que hace parte de la cotidianidad de los colombianos: ricos, pobres, de derecha, de izquierda, directivos de multinacionales y altos funcionarios de todos los gobiernos, sin excepción.

Pero solo el escándalo de los sobornos de la multinacional Odebrech, prendió las alarmas y llevó a los tres órganos de control del Estado colombiano (Fiscalía, Contraloría y Procuraduría) a firmar un pacto para combatir este flagelo, con el apoyo total del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos y organizaciones civiles.

La gran sorpresa fueron las capturas, del exministro de Transporte, Gabriel García en el gobierno de Alvaro Uribe Vélez (2002-2010) y del exsenador Otto Nicolas Bula, también cercano al exmadatario colombiano.

Según las investigaciones Odebrech pagó en Colombia 11 millones de dólares a exfuncionarios y políticos para que le adjudicaran un tramo de la Ruta del Sol, una autopista que une el centro de este país con la costa atlántica.

La Fiscalía General de Colombia empezó aplicar “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano”, un compromiso del nuevo jefe de la institución, Néstor Humberto Martínez, quien lidera la alianza junto con la Procuraduría y la Contraloría.

Una de las últimas acciones anticorrupción, que adelantó la Fiscalía General fue el relacionado con las millonarias defraudaciones en el escándalo de las libranzas en la firma Estraval, que dieron como resultado la captura de siete directivos en la ciudad de Bogotá.

A mediados del año 2016 se iniciaron las investigaciones relacionadas con las firmas que adelantaban operaciones de compra de libranzas para posteriormente ser vendidas a inversionistas.

Las evidencias recogidas por la Fiscalía General de la Nación pusieron de presente que dentro de las operaciones de Estraval se encontraron varias conductas irregulares, como: Operaciones de venta que no tenían el respaldo de libranzas. “Venta de pagarés que estaban en mora, venta de libranzas que ya habían sido canceladas y se negociaban nuevamente”.

La Procuraduría por su parte, avanza en las investigaciones que tienen que ver con los casos de Odebrecht y Estraval, e inició un monitoreo en la contratación de las entidades públicas de orden nacional y regionales.

La Procuraduría llama la atención sobre la necesidad de abrir el debate frente a la responsabilidad penal de las empresas privadas comprometidas con la corrupción de funcionarios públicos.

El jefe del ministerio Publico, Fernando Carrillo, propuso que “cuando la conducta disciplinable implique detrimento de patrimonio público, la sanción patrimonial será igual al doble del detrimento patrimonial sufrido por el Estado”.

“Esa responsabilidad penal de las personas jurídicas se conoce como el levantamiento del velo jurídico y se determina no solo la responsabilidad individual de los funcionarios o de quienes están vinculados a la empresa como un todo”, explicó Carrillo.

Para el funcionario en los casos de Odebrecht y Estraval, “había una estructura corporativa y societaria dedicada a la comisión del crimen, por supuesto tiene que haber una responsabilidad penal de las personas jurídicas”.

Carrillo reiteró que esta es una “discusión que necesita el país y una herramienta en la lucha contra la corrupción. Un debate que debería llevar a la presentación de un proyecto de ley en el Congreso de la República que establezca la responsabilidad penal de las personas jurídicas”.

La Controlaría General de la Nación, también adelanta investigación por detrimento multimillonario del patrimonio público, en varios proyectos de infraestructura, que también en estado de alerta a los órganos de control.

Según el reporte de la Contraloría, hay un “presunto detrimento patrimonial de 32 millones 616 mil pesos (más de 10 millones de dólares) en la ejecución de la llamada Vía a la Prosperidad, originado en sobrecostos en el transporte del material requerido para la conformación de terraplenes”

“Esta situación afectará el alcance físico de las obras: se van construir solo 27 de los 52 kilómetros previstos, o sea un 48 por ciento menos de lo previsto” indicó el organismo de control.

Otro escándalo que investiga la Contraloría es el gran número de autorizaciones minerales temporales otorgadas al concesionario del Proyecto Vial Ruta Sol Tramo 2 (en total 123).

Este caso llevó a la Contraloría a “iniciar una investigación para determinar si se cumplieron los procedimientos de ley para su obtención, como contar con licencia ambiental al día y vigente, y que no se hayan utilizado con fines diferentes y generando rentas económicas”.

La entidad encontró presunto detrimento patrimonial de 15 millones 752 mil pesos (5.2 millones de dólares) en gobernación de Cesar ( el caribe colombiano) en dos vías financiadas con regalías.

Esta ola de corrupción llevó al presidente Santos a firmar en enero pasado varias medidas para luchar contra la corrupción en la contratación estatal, y aseguró que este será uno de los temas prioritarios en su gobierno que finaliza en agosto del 2018.

Santos modificó el régimen de contratación con entidades sin ánimo de lucro, por considerar que estaba fuera de control y “era la herramienta predilecta de los corruptos para esquilmar al Estado”.

La epidemia de la corrupción y los últimos escándalos, llevó a varios líderes del Partido Verde, de Polo Democrático Alternativo (PDA) e independientes, a promover una gran coalición nacional para buscar un candidato presidencial para las elecciones del 2018, que tenga como eje central lucha a fondo desde el Estado a los corruptos.