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La justicia sobreseyó hoy al ex vicepresidente de Argentina, Amado Boudou, en el primer juicio en su contra y en el que se le imputaba el delito de falsificación de documentos públicos.Por mayoría...La justicia sobreseyó hoy al ex vicepresidente de Argentina, Amado Boudou, en el primer juicio en su contra y en el que se le imputaba el delito de falsificación de documentos públicos.
Por mayoría de votos, el tribunal declaró “extinguida por prescripción” la acción penal en contra de Boudou, dictó su sobreseimiento y rechazó el pedido de una condena de tres años de prisión que había solicitado la fiscalía.
Este caso convirtió a Boudou en el primer ex vicepresidente de la historia argentina que se sentó en el banquillo de los acusados en un juicio que comenzó en mayo pasado en Buenos Aires.
El ex vicepresidente estaba acusado del delito de “falsedad ideológica” por haber alterado en 2003 la documentación de un vehículo para transferirlo de manera irregular.
Según la fiscalía, Boudou realizó esta maniobra para perjudicar a su ex esposa en medio del proceso de división de bienes que negociaban como parte del divorcio.
Esta causa era la más leve de un abultado expediente judicial de quien fuera vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner de 2011 a 2015 y que incluye otros procesamientos, principalmente por presunta corrupción.
Boudou ya fue procesado el año con la acusación de administración fraudulenta” por la compra injustificada de 19 autos de lujo para el ministerio de Economía que él encabezaba en 2009, antes de ser designado como vicepresidente.
El juez Sergio Torres denunció que la compra fue “antojadiza e infundada”, además de que no se realizaron los procedimientos legales para licitar una adquisición que alcanzó los dos millones 131 mil pesos (más de medio millón de dólares de la época).
La causa más grave, sin embargo, es la compra de parte de la imprenta Ciccone Calcográfica que Boudou habría realizado con la ayuda de prestanombres.
De acuerdo con la investigación, Boudou aprovechó su puesto como ministro de Economía para rescatar financieramente a la empresa, que estaba en proceso de quiebra, y luego logró que obtuviera millonarios contratos con el Estado para imprimir papel moneda.
En 2013, el juez Ariel Lijo le imputó delitos por los que podría ser condenado a penas de seis años de cárcel, pero que en lo inmediato se tradujeron en el fin de su carrera política, aunque Fernández de Kirchner lo mantuvo en la vicepresidencia hasta el fin de su mandato.
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