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El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 considera para los poderes Legislativo y Judicial así como para los entes autónomos un gasto neto de 124.6 mil millones de pesos, lo que representa 12.9 por ciento mayor en términos reales con respecto al monto aprobado para 2017.

El total de recursos propuestos para ese nivel institucional tiene la siguiente distribución: 62.0 por ciento corresponde al Poder Judicial, 20.1 por ciento al Instituto Nacional Electoral (INE) y 12.3 por ciento al Poder Legislativo.

En tanto 5.6 por ciento en conjunto corresponde a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), así como al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El Poder Judicial estima ejercer 77.3 mil millones de pesos, 6.1 por ciento real más que en 2017; el INE prevé erogar recursos por 25.0 mil millones de pesos, lo que significa un incremento de 58.4 por ciento en términos reales con respecto al año anterior, dicha variación se debe principalmente a la previsión de recursos para las actividades relacionadas con el proceso electoral federal a celebrarse en 2018.

El Poder Legislativo propone un gasto de 15.4 mil millones de pesos, 1.6 por ciento más en términos reales que el aprobado en 2017; mientras que los entes autónomos CNDH, Cofece, INEE, IFT e INAI en conjunto suman 7.0 mil millones de pesos, es decir crecieron 4.7 por ciento ya descontado el efecto inflacionario.

Por su parte, el Ramo 40 Información Nacional Estadística y Geográfica indica un presupuesto de 7.6 mil millones de pesos, monto 3.0 por ciento mayor en términos reales con respecto al aprobado en 2017.

En tanto, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) propone un presupuesto que asciende a 3.0 mil millones de pesos, 11.3 por ciento más en términos reales con respecto al presupuesto aprobado en 2017.

AP

El exministro de Hidrocarburos de Ecuador, Carlos Pareja, suscribió el viernes un acuerdo con la Fiscalía para revelar información sobre actos de corrupción, entre otros, propiciados por la empresa brasileña Odebrecht.

El organismo precisó en un comunicado que el exfuncionario se ha comprometido a “proporcionar datos, instrumentos, efectos, bienes o informaciones precisas, verídicas y comprobables que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados en los que ha tenido participación directa, o permitan identificar presuntas infracciones”.

Precisó que Pareja tendrá “plena libertad para ofrecer información sobre todos los temas que afirme conocer, sin restricción alguna y sujeta a la condición de veracidad y corroboración eficaz” y que cuando los datos entregados sean verificados “podrá solicitar beneficios procesales”. No se revelaron más detalles.

Entre otros elementos, Pareja podría solicitar rebaja de la pena.

El exministro está involucrado como uno de los principales sospechosos de participar en una importante red de corrupción propiciada por Odebrecht, que reconoció ante la justica haber repartido 33.5 millones de dólares en coimas a funcionarios públicos a cambio de obras estatales.

En medio de acusaciones y sospechas, el exfuncionario salió de Ecuador en septiembre de 2016 y en febrero de este año reapareció en Miami, donde había permanecido para eludir a la justicia. En torno al caso también está detenido un empresario, que es tío del vicepresidente Jorge Glas, así como un exministro de Electricidad, varios exgerentes de Petroecuador y otros funcionarios de alto rango.

Carlos Pólit, contralor general de Ecuador, se vio obligado a renunciar en junio vinculado con esa red de corrupción. Se refugió en Estados Unidos.

Notimex

Un total de 116 organizaciones no gubernamentales (ONG) venezolanas, latinoamericanas e internacionales pidieron hoy al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas abordar en su próximo periodo de sesiones la crisis humanitaria de Venezuela.

En un comunicado conjunto, los organismos señalaron que el Consejo de Derechos Humanos debe tener como prioridad la profundización de la crisis de derechos humanos y humanitaria en Venezuela durante su 36 período de sesiones, que inicia este mes.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos publicó un informe a finales de agosto pasado, en el que señala que se han cometido violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas contra el gobierno en Venezuela.

El informe destacó que “el uso generalizado y sistemático de la fuerza excesiva durante las manifestaciones y la detención arbitraria de los manifestantes y los opositores políticos percibidos indican que no se trataba de actos ilegales aislados o de funcionarios criminales”.

De acuerdo con los grupos civiles, los funcionarios de alto nivel que no han tomado medidas para prevenir o castigar las violaciones a los derechos humanos cometidas por sus subordinados son responsables de los abusos generalizados y graves cometidos bajo su vigilancia.

El sistema de justicia no ha llevado a los responsables de abusos ante la justicia, garantizando que pueden actuar con absoluta impunidad, consideraron los grupos.

“Estas violaciones a los derechos humanos tienen lugar en un contexto de absoluta concentración de poder, donde no quedan instituciones independientes que actúen como control del Ejecutivo”, destacaron.

Asimsimo, debido a la escasez severa de medicamentos, suministros médicos y alimentos, millones de venezolanos no pueden alimentar adecuadamente a sus familias o acceder a la asistencia sanitaria más básica.

Según las estadísticas oficiales, en 2016 la mortalidad materna aumentó en un 65 por ciento, la mortalidad infantil aumentó en un 30 por ciento y los casos de malaria aumentaron en un 76 por ciento.

Los grupos civiles recordaron que el 8 de agosto de 2017, 17 ministros de Relaciones Exteriores de las Américas se reunieron en Perú para abordar la crisis de Venezuela.

En el encuentro, 12 de ellos -11 de gobiernos latinoamericanos y Canadá- firmaron la Declaración de Lima, que condena la ruptura del orden democrático y la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela.

En ese sentido, los grupos civiles asentaron que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe inspirarse en la Declaración de Lima y abordar la situación en Venezuela como una cuestión prioritaria.

“Específicamente, los Estados miembros deben enviar un mensaje claro al gobierno venezolano de que estos abusos no son tolerados y los responsables de abusos serán llevados ante la justicia cuando se restablezca la independencia judicial en el país”, afirmaron.

Urgieron además que el Consejo de Derechos Humanos inste al presidente Nicolás Maduro a poner fin a la represión y libere a los presos políticos; y a establecer una fecha para elecciones libres y justas con la debida supervisión independiente.

Pidieron también restablecer la independencia judicial y los poderes de la Asamblea Nacional; e inmediatamente permitir suficiente ayuda humanitaria internacional al país.

“El Consejo de Derechos Humanos también debería tomar en cuenta las recomendaciones del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y pedir a su oficina que siga vigilando atentamente la situación de los derechos humanos en el país e informe periódicamente al Consejo”, según los grupos.

Entre los 116 firmantes destacan 81 grupos civiles de Venezuela; así como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, de México; Asociación de Venezolanos en México; Human Rights Watch; y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).

AP

La Universidad de California demandó el viernes al gobierno del presidente Donald Trump por su decisión de poner fin al programa DACA que ampara a inmigrantes jóvenes de la deportación.

La demanda, entablada en una corte federal en San Francisco, incluye como quejosa a la presidenta de la universidad, Janet Napolitano.

Napolitano fue secretaria de Seguridad Nacional durante el gobierno del presidente Barack Obama y participó en la puesta en marcha el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocido como DACA por sus siglas en inglés.

La ex funcionaria dijo que es importante para el sistema de la universidad pública “defender a estos miembros vitales de la comunidad de la UC”.

“Ellos representan lo mejor de quienes somos: personas de altos logros, trabajadoras, tenaces y motivadas. Poner fin al programa DACA de manera arbitraria y caprichosa... no solo es ilegal, sino contrario a nuestros valores nacionales y una política perjudicial”, aseveró.

El programa ampara a unas 800.000 personas que fueron traídas de forma ilegal a Estados Unidos cuando eran niños o se quedaron tras el vencimiento de sus visas. Entre ellas figuran cientos de miles de estudiantes de edad universitaria.

En la demanda se afirma que la universidad perderá estudiantes y empleados debido a la decisión de Trump de cancelar el programa.

El sistema de la UC tiene unos 4.000 estudiantes que viven en Estados Unidos de manera ilegal, y de ellos, “un número importante está inscrito en el DACA, así como maestros, investigadores y proveedores de salud que son beneficiarios del DACA”, dijo la universidad en su comunicado en el que anunció la demanda.

El Departamento de Justicia federal no respondió de momento a un email en el que se le solicitaban declaraciones.

Quince estados entablaron una demanda distinta contra la decisión de Trump.

Notimex

El cabildo de El Paso, Texas, derogó finalmente esta semana una resolución aprobada en mayo de 2010 que prohibió a los funcionarios y empleados de la ciudad, el realizar viajes oficiales y asistir a conferencias en Arizona, luego que esa entidad aprobara la ley antiinmigrante SB 1070.

Esa legislación pretendía establecer como delito el ser inmigrante indocumentado y obligar a los policías estatales y locales detener a una persona sospechosa de estar en forma ilegal en el país.

Tras la promulgación de la SB 1070 en abril de 2010, múltiples ciudades alrededor de Estados Unidos aprobaron resoluciones decretando boicots económicos a Arizona, en una acción orientada a obligar a esa entidad a repeler el estatuto.

La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos desechó en 2012 tres de los cuatro grandes apartados de la SB 1070 y sólo autorizó uno que permite a los policías de esa entidad revisar el estatus migratorio de una persona detenida, si existen sospechas razonables de que se encuentre de manera ilegal en el país.

La regidora en el cabildo de El Paso, Cassandra Hernández Brown, dijo que se oponía a revocar la resolución, porque parte de la ley de Arizona aún está intacta, incluyendo la porción conocida como "muéstrame tus papeles".

Sin embargo, el también regidor Peter Svarzbein indicó que estaba a favor de la derogación de la prohibición de viajar, porque la mayor parte de la ley ha sido anulada y la ciudad necesita ser parte de un diálogo más amplio con las regiones vecinas.

La moción fue aprobada con los votos a favor de los regidores Peter Svarzbein, Sam Morgan, Michael Noe, Henry Rivera. En tanto, los regidores Brown, Alexsandra Annello y Claudia Ordaz Pérez votaron en contra.

AP

Una iglesia ortodoxa griega en construcción junto al monumento del World Trade Center resplandecerá de noche como un faro de mármol cuando se la inaugure el año próximo. Será un paso más en la prolongada reconstrucción del lugar donde se produjeron los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

El Santuario Nacional San Nicolás, diseñado por el célebre arquitecto Santiago Calatrava, reemplazará una pequeña iglesia que fue aplastada por el derrumbe de la Torre Sur del World Trade Center. Será un lugar de oración para los creyentes ortodoxos griegos, pero recibirá a personas de cualquier creencia que quieran recordar a las vidas perdidas en los ataques.

“Es una iglesia muy importante debido a lo que sucedió aquí”, dijo Jerry Dimotriou, director ejecutivo de la Arquidiócesis Ortodoxa Griega de Estados Unidos, que supervisa 540 parroquias y 1,5 millones de fieles en todo el país. Quizá la gente quiera detenerse a rezar después de visitar el vecino Museo y Monumento Nacional 11 de Septiembre. “Les daremos un lugar donde sentarse dentro de una iglesia”, dijo Dimitriou.

La multitud que acudirá el lunes a la ceremonia por el 16to aniversario de los ataques podrá ver la iglesia en construcción, que por ahora es una estructura cubierta de concreto y madera contrachapada.

Es una de las piezas inconclusas de la reconstrucción del enorme lugar, que ahora consiste de árboles, piedra lustrada y torres de vidrio.

Dos de las cuatro torres previstas ya están abiertas. La inauguración de la tercera, con Spotify como inquilino principal, está prevista para mediados de 2018. Falta construir la cuarta torre y un centro para las artes teatrales.

La iglesia, en un parque en el borde sur del lugar, es la segunda construcción de Calatrava en el lugar.

La estación ferroviaria con forma de ave, llamada Oculus, fue inaugurada en marzo de 106 y se ha vuelto una atracción turística, aunque algunos detractores dicen que 4.000 millones de dólares fue un precio excesivo para una estructura que parece un centro comercial más que una estación de trenes.

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Los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda; y de Marina- Armada de México, Vidal Francisco Soberón Sanz, encabezaron la Revista General de la Parada Aérea que participará en el Desfile Militar del 16 de septiembre próximo.

En la Base Aérea Militar de Santa Lucía, los altos mandos castrenses verificaron el desfile aéreo de 130 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, la Marina y la Policía Federal, de los cuales 49 fueron helicópteros y 81 aviones de diferentes tipos.

Las aeronaves son utilizadas para diversas misiones, como traslado de personal o de personas que se encuentran en localidades aisladas por algún fenómeno natural, para transporte de víveres o para vuelos de reconocimiento, entre otras funciones.

En la ceremonia, en la que no hubo discursos, ambos secretarios pasaron revista a los 49 helicópteros mencionados, de los cuales, de acuerdo con la bitácora, 32 pertenecen a la Fuerza Aérea, nueve a la Marina-Armada de México y ocho a la Policía Federal.

En tanto, de los 81 aviones de diverso tipo, 71 son de la Fuerza Aérea Mexicana y 10 a la Semar.

AP

No hay manera de que 143 millones de estadounidenses puedan librarse ahora de las consecuencias potenciales de un ciberataque cometido por hackers contra Equifax, uno de los tres principales burós de crédito del país. La información personal de los clientes que estaba guardada por la empresa quedó expuesta y el asunto es grave.

Toda la información personal crucial que los delincuentes podrían necesitar para cometer robos usurpando otras identidades _como números de Seguridad Social, fechas de nacimiento, direcciones pasadas y nombres legales_ fue hackeada. Una vez que esa información personal sea divulgada, básicamente deja de ser privada para siempre.

Contrario a hackeos anteriores que hubo en Yahoo, Target y Home Depot, el papel de Equifax en la industria financiera hace que este hackeo sea mucho más alarmante. La compañía básicamente es un depósito de la mayor cantidad de información personal de crédito. Cada cuenta incluye todo sobre el usuario: desde la información de cuándo contrató su primera tarjeta de crédito, el monto de su deuda hipotecaria o si ha tenido órdenes judiciales en su contra.

Los prestamistas dependen de la información recabada por los burós de crédito para determinar si aprueban préstamos para casas, autos y tarjetas de crédito. Incluso los empleadores a veces revisan el crédito de los solicitantes de trabajo.

Equifax, con sede en Atlanta, dijo el jueves que "delincuentes" sacaron provecho de la aplicación de una página web en Estados Unidos para acceder a los archivos entre mediados de mayo y julio de este año. Equifax descubrió el hackeo el 29 de julio, pero esperó hasta el jueves para avisar a los consumidores.

Para los consumidores, esta podría ser una buena oportunidad para asegurarse de resguardar mejor su información, o sea, ir más allá de simplemente revisar su crédito regularmente y verificar si es que hay transacciones anormales en sus cuentas de bancos y tarjetas de crédito.

La mejor opción que podría tomar inmediatamente un consumidor sería lo que se conoce como congelar el crédito de sus archivos financieros con los principales burós: Equifax, TransUnion y Experian. Al congelar el crédito de una persona, su información queda congelada de tal manera que es imposible abrir cuentas y tarjetas de crédito nuevas bajo su nombre, pero las protecciones de congelar el crédito también aplican para el consumidor.

"Congelar el crédito es la opción esencial de la protección de crédito, pero en vista de un hackeo de esta magnitud, vale la pena considerarlo", dijo Matt Schulz, analista de CreditCards.com.

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El periodista de The Associated Press Michael Liedtke en San Francisco contribuyó a este despacho.

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La banda argentino-mexicana Surfistas del Sistema lanzará este viernes su nuevo sencillo titulado “Cosmos”, producido por Diego Herrera, integrante de Caifanes, el cual tocará este sábado en El Plaza Condesa.

Durante el "show" de apertura, previo al concierto del grupo Rey Pila, repasará sus éxitos, incluida esta nueva canción que fue grabada en los Estudios Panoram y que formará parte de su siguiente disco con el que debuta en Universal Music.

En entrevista con Notimex, el baterista Cisco Achaval comentó que este primer corte abordará “la parte romántica, sensual de las relaciones, pero enalteciendo una experiencia sublime”, describió.

Aunado a esto, lanzarán el video oficial dirigido por el mexicano Igor Jiménez, quien muestra su interpretación de la canción con imágenes sexuales.

“Hay una serie de parejas que se unen y sin importar el género terminan relacionándose y besándose, nos pareció original, no vimos videos que hablaran de esto”, comentó.

Posterior al “show”, la agrupación formará parte del Festival Catrina de Puebla, en donde compartirá cartel con Caifanes, Zoe, Molotov, Albert Hammond Jr. y Love of Lesbian.

Cabe mencionar que Surfistas del Sistema, integrado también por Francisco Frione (guitarra, piano y voz), Rama Vázquez (bajo), Agustín Landriel (guitarra) y Mariel Santiso (voz) debutó el año pasado en el Festival Vive Latino.

Actualmente el quinteto realiza la mezcla de sus próximas canciones, con las que refleja la experiencia que ha adquirido después de vivir dos años en México y de haber compartido con bandas de todo el continente.

El nuevo álbum será concebido a lo largo de todo el año, en distintos estudios e ingenieros de grabación y mezcla, lo que convertirá esta nueva búsqueda en una apuesta muy fuerte al cambio constante y en una exploración implacable por conseguir nuevos y evolucionados sonidos.