Kiosk of the Palatzio

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Steve Nash, dos veces ganador del MVP, el estelar base Jason Kidd y Grant Hill y Ray Allen son algunos de los seis candidatos de primer año para ingresar al Salón de la Fama del Basquetbol Naismith Memorial.

Chauncey Billups y Richard Hamilton, compañeros en los Pistons de Detroit, también son elegibles al recinto, que cambió su reglamento para permitir que los jugadores sean entronizados después de tres años de retiro.

El recinto anunció a los candidatos para la clase 2018 el jueves, en el aniversario en que James Naismith inventó el juego.

Entre los entrenadores que aparecen por primera vez en la boleta se incluye a Steve Fisher, quien obtuvo un título con Michigan y fue coach de la generación de los Wolverines conocida como Fab Five, así como Bob Huggins de West Virginia.

El comité femenil nominó a las ex estrellas de la WNBA, Becky Hammon, quien actualmente es entrenadora asistente de los Spurs de San Antonio, así como a Tina Thompson y Katie Smith.

Los finalistas se anunciarán durante el fin de semana del Juego de Estrellas del 17 de febrero en Los Ángeles. Todos los entronizados se presentarán durante el torneo final de la NCAA en San Antonio.

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El que fuera “supervisor adulto” de Google se acerca al retiro. Eric Schmidt, quien ocupó el puesto de director general en 2001 tres años después de que los inversionistas exigieran un liderazgo más maduro para el gigante tecnológico de rápido crecimiento, dejará en enero el puesto de presidente ejecutivo de Alphabet, la empresa matriz de Google.

El multimillonario de 62 años se convertirá en consejero técnico y seguirá siendo parte de la junta directiva de la compañía que fue creada para arropar a Google y a sus innovadoras empresas subsidiarias en 2015.

Schmidt, un ex ingeniero con altos puestos ejecutivos en Sun Microsystems Inc. y Novell Inc., quitó las riendas del gigantesco motor de búsquedas en 2001 a los fundadores Larry Page y Sergey Brin, brillantes técnicamente hablando, pero criticados por su inexperiencia gerencial.

Page fue restaurado como director general en 2011, anunciado en una medida sorpresiva mientras la compañía reportaba sus ganancias trimestrales. Schmidt dijo entonces “creo que Larry está listo” para ser director general y agregó, “es hora de que él tenga oportunidad de dirigir esto”.

“La estructura de Alphabet funciona bien, y Google y las otras apuestas prosperan”, dijo Schmidt en una declaración el jueves. “En años recientes, he pasado gran parte de mi tiempo en temas de ciencia y tecnología, y filantropía, y planeo expandir ese trabajo”.

El organismo clave para la filantropía ha sido la fundación The Schmidt Family, fundada por Schmidt y su esposa Wendy en 2006.

Según las más recientes declaraciones de apoderados de abril, Schmidt tiene acciones con un valor de 4.900 millones de dólares, y ha mantenido 5,6% del control de votos en la compañía. Page y Brin controlan en conjunto una mayoría de los votos con acciones cada uno que cuadruplican ese valor. Una vocera dijo que Schmidt no vendería acciones como parte de la transición.

En octubre 2015, Google lanzó una nueva estructura que hizo que Alphabet Inc. fuera la empresa matriz de Google y las empresas asociadas. Algunas de esas “otras apuestas” incluyen los autos sin conductor, termostatos inteligentes y globos que proveen servicios de internet.

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Warren Moon, miembro del Salón de la Fama, rechazó el jueves las acusaciones de que acosó sexualmente a una ex asistente.

Moon otorgó una extensa entrevista radiofónica a KIRO-FM para tocar el tema de la demanda que Wendy Haskell interpuso en su contra por abuso sexual.

Haskell interpuso este mes la demanda en el condado de Orange, California, en la que afirma que Moon le hizo insinuaciones sexuales “no deseadas” cuando trabajaba para Sports 1 Marketing. Moon, quien jugó parte de 17 temporadas en la NFL con Houston, Minnesota, Seattle y Kansas City, es el cofundador y presidente de la compañía.

Moon dijo el jueves que era amigo de Haskell antes de que la contratara como su asistente en el verano pasado, y que nunca tuvieron una relación sexual. Moon dijo que cree que la demanda fue en respuesta por ser transferida a un empleo distinto dentro de la empresa.

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Al menos cinco personas murieron en un pueblo dominicano fronterizo con Haití tras consumir presuntamente una bebida alcohólica de fabricación casera, informó el miércoles el ministerio de Salud.

Altagracia Guzmán, ministra de Salud, indicó en conferencia de prensa que de acuerdo con la investigación preliminar, las cinco personas fallecieron la víspera en la comunidad Pedro Santana, 270 kilómetros al noroeste de la capital, luego de consumir clerén, un licor artesanal de caña de azúcar adquirido en Haití.

Especialistas de la institución viajaron a Pedro Santana en busca de muestras del licor a fin de determinar con exactitud su composición química y determinar la causa de los decesos.

El clerén o clairin, como se conoce en Haití, es un destilado de caña de azúcar cuyo proceso de producción no está regulado y su producción artesanal es muy popular en Haití.

Debido a la falta de regulaciones y estándares de salubridad, las autoridades sanitarias de República Dominicana prohíben la fabricación y comercio de clerén, el cual es traficado de forma clandestina desde Haití.

Hipólito Valenzuela, alcalde de Pedro Santana, informó al noticiario SIN del canal de televisión Color Visión, que además de las cinco muertes registradas en esa comunidad fronteriza, otras tres estaban hospitalizadas y que tenía información de que otras cuatro personas fallecieron en Haití.

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Aproximadamente 8,8 millones de personas se han inscrito el próximo año en el programa de seguros de gastos médicos creado por la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, dijo el gobierno el jueves.

Seema Verma, jefa de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, dio a conocer los datos en Twitter. Pasarán semanas antes de saberse el total de solicitudes a nivel nacional, ya que algunos estados con fechas límite posteriores continúan inscribiendo a clientes.

Un análisis detallado no estuvo de inmediato disponible, pero el año pasado 39 estados atendidos por el sitio web federal HealthCare.gov inscribió a 9,2 millones de personas. Se esperaba que el número de este año fuera mucho menor, en parte porque el presidente Donald Trump y el Congreso liderado por el Partido Republicano intentaron reiteradamente eliminar por completo el programa.

“El número es más elevado de lo que cualquiera esperaba y debe considerarse un éxito”, dijo Larry Levitt, de la fundación no partidista Kaiser Family.

El número se dio a conocer un día después de que Trump proclamara que la reforma fiscal del Partido Republicano “revocaba, en esencia, Obamacare”, pero el ajuste fiscal sólo derogaba las multas de la ley de salud a las personas sin seguro médico a partir del 2019.

Otros elementos importantes de la ley de la era de Obama siguen igual, incluida la expansión de Medicaid para adultos de bajo ingreso, protecciones para personas con enfermedades preexistentes, subsidios que ayudan al cliente a pagar sus primas y el requisito de que el seguro cubra prestaciones “básicas”.

Este año, el gobierno de Trump redujo a la mitad el periodo de inscripción al terminarse el 15 de diciembre y no el 31 de enero.

También redujo el presupuesto para publicidad y el financiamiento de asesores que ayudaban a la gente en el complicado proceso de inscripción, que va más allá de escoger un plan de salud, ya que entre otras cosas, los clientes deben calcular su ingreso del año que entra para poder recibir ayuda financiera.

Sin embargo, el gobierno también aligeró los pasos de inscripción al, por ejemplo, facilitar el camino para que las aseguradoras y agentes inscriban a los clientes.

En sus tuits, Verma utilizó un tono animado: “Nos enorgullece ofrecer un gran servicio al cliente”, escribió al felicitar a su agencia por la “experiencia más sencilla para los clientes hasta la fecha”.

Eso se contrasta con la retórica con frecuencia ominosa de Trump en relación al “Obamacare”, un legado de su predecesor que parece que todavía quiere desmantelar.

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Después de tratar de establecer vínculos estrechos con Myanmar durante cinco años, Estados Unidos dio el jueves un paso atrás y agregó a un alto general birmano a su lista negra por su papel en las atrocidades contra musulmanes rohinya.

La nueva sanción es la respuesta más fuerte que Estados Unidos ha dado hasta ahora a lo que llama "limpieza étnica" en la zona occidental del país del sureste asiático.

En total, el gobierno de Trump anunció castigos contra 13 personas en diversas partes del mundo. Algunos de los sancionados son: el ex presidente de Gambia, la hija del fallecido dictador de Uzbekistán y el hijo del ministro de Justicia de Rusia. Las sanciones fueron aplicadas por primera vez conforme una ley del 2016, que lleva el nombre de un abogado ruso que murió en prisión y que permite que el Departamento del Tesoro castigue a funcionarios en cualquier parte del mundo por violaciones de derechos humanos o corrupción.

La inclusión del general birmano Maung Maung Soe a la lista negra quizás fue la decisión más espectacular en términos de política exterior. Washington aflojó paulatinamente las sanciones políticas y económicas en contra de Myanmar a partir del 2012 para premiar al país por su cambio hacia la democracia, después de décadas de gobiernos militares. Los vínculos se ampliaron cuando la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi asumió el poder.

Pero la relación se tornó agria desde que Myanmar lanzó una batida en el estado de Rakhine, lo que obligó a 650.000 personas a abandonar sus viviendas y refugiarse en el vecino país de Bangladesh, y ha dejado miles de personas muertas, de acuerdo con Médicos Sin Fronteras. Hasta el mes pasado, Maung Maung Soe fue el comandante militar en Rakhine, y Estados Unidos dijo que él fue responsable de "abusos generalizados de derechos humanos", citando evidencias creíbles de incendios de villas, asesinatos y violaciones.

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En una pequeña oficina de la capital colombiana, con una ventanita que da a un estrecho pozo de ventilación, Pedro Lupera estudia copias de contratos, facturas e instrucciones para transferencias bancarias, todo parte de miles de páginas de documentos sacados a escondidas de Venezuela que espera provoquen la caída del presidente socialista Nicolás Maduro.

Otrora uno de los principales fiscales de Venezuela abocados a casos de corrupción, Lupera se fue de su casa en Caracas hace cinco meses con 400 dólares en los bolsillos y apenas una muda de ropa.

Terminó en la vecina Colombia, donde es uno de una media docena de fiscales exiliados y antiguos colaboradores de la destituida fiscal general Luisa Ortega que están trabajando con las autoridades de Estados Unidos y de otras naciones para tratar de reunir evidencia de irregularidades de parte de altos funcionarios venezolanos a los que acusan de destruir el país.

Por ahora no han logrado encausar a nadie, lo que algunos ven como un indicio de que Maduro ha logrado destruir el sistema judicial de Venezuela y de que Ortega, en su afán por labrarse un futuro político, prometió más de lo que puede cumplir.

Para Lupera y varios colegas la cruzada que libran es algo muy personal.

El fiscal, que supo estar a cargo de los casos políticamente más explosivos, descubrió que agentes del servicio de inteligencia le habían suspendido el pasaporte y habían ordenado su arresto cuando se disponía a viajar a Brasil en julio para reunir evidencia relacionada con el caso de corrupción de la constructora Odebrecht. Pudo salir del país usando unas identificaciones que permiten a los venezolanos viajar a Colombia y de allí tomó un vuelo a Brasil.

Dos semanas después observó con horror cómo uno de los principales blancos de sus investigaciones, el líder del Partido Socialista Unido de Venezuela Diosdado Cabello, lo acusaba por televisión de participar en una extorsión de 6.000.000 de dólares.

“Se me calentaron los oídos y se pusieron rojos”, comentó Lupera. “Sentí una impotencia total. Como si mi vida entera hubiese sido destruida”.

Ortega, quien admiraba al finado Hugo Chávez, rompió con el gobierno este año por considerar que se encaminaba a una dictadura después de que Maduro le quitó atribuciones a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, y creó una asamblea constitucional paralela con el poder real.

La funcionaria no ocultó su malestar y fue destituida en agosto. Las autoridades, por otro lado, acusaron a su esposo, el legislador socialista Germán Ferrer, de orquestar con la ayuda de Lupera una campaña de extorsión que ella supervisó, algo que la fiscal niega. Las autoridades venezolanas dicen que las actividades en contra de la corrupción que emprendió Ortega fueron un intento por desviar la atención de las investigaciones en torno a sus acciones y las de su esposo en Venezuela.

Lejos de ser silenciada, Ortega redobló sus críticas al gobierno de Maduro en frecuentes viajes a América Latina y Europa.

Apenas llegaron a Bogotá, Lupera y otros que tratan de derrocar a Maduro se reunieron con investigadores y fiscales estadounidenses que procuran inculpar a los líderes venezolanos, y también con enviados del Departamento del Tesoro estadounidense que manejan el programa de sanciones de Estados Unidos contra Venezuela.

Los estadounidenses no están seguros de cuánta evidencia lograron reunir los fiscales venezolanos. Y albergan dudas acerca de hasta qué punto Ortega está dispuesta a cooperar, diciendo que puede estar más interesada en ser la primera presidenta de Venezuela que en revelar el alcance de una corrupción de la que ella seguramente estaba al tanto en su condición de cabeza del sistema judicial por una década. Creen que inventó acusaciones contra figuras prominentes del gobierno.

Esa sensación hizo que el Departamento de Estado le negase a Ortega permiso para viajar a Estados Unidos, según dos funcionarios estadounidenses que pidieron no ser identificados porque no estaban autorizados a hablar de casos de visas. No ayudó el que en un discurso del 2015 ante la Asamblea Nacional Ortega criticase a lo que describió como los “poderosos del norte” por sus “planes colonialistas” sobre esta nación petrolera.

Ortega insiste en que no tiene nada que ocultar. Y cuenta con algunos sorpresivos defensores, como Eligio Cedeño, ex banquero acosado por Chávez a quien ayudó a encarcelar en el 2007. Cedeño viajó a Bogotá desde Miami para verse con ella tres veces y dijo que está convencido de que puede ser clave en el retorno de Venezuela a la democracia.

“Yo no soy testigo. Soy la fiscal general”, declaró Ortega a la Associated Press en una entrevista en su oficina alquilada en un barrio arbolado de Bogotá. “Los hechos que tengo no los presencié. Los tengo documentados”.

Pocos gobiernos reconocen al sustituto que nombró Maduro en su lugar y Ortega y su gente se manejan con una dignidad que contrasta un poco con su precaria situación. En una reciente visita de la AP a su oficina, firmó una carta en papeles con el sello del fiscal general de Venezuela pidiendo información de Curazao como parte de una investigación de lavado de dinero. También revisó un informe que poco después enviaría a la Corte Penal Internacional aduciendo que Maduro es responsable de crímenes de lesa humanidad perpetrados por las fuerzas de seguridad.

En los meses previos a la huida de Ortega, dicen sus colaboradores, secretamente digitalizaron y certificaron grandes cantidades de pruebas, incluidas casi 150.000 páginas relacionadas tan solo con el caso de Odebrecht. Consiguieron sacar la información y hacerla llegar a Colombia antes de irse ellos.

Incluso si la evidencia no puede ser usada en tribunales venezolanos, podría ayudar a las autoridades extranjeras que investigan la corrupción y abusos de los derechos humanos, delitos transnacionales que son el principal objetivo de lo que Ortega describe como la primera fiscalía general del mundo que funciona en el exilio.

“No vamos a desmayar frente a lo que hemos iniciado”, dijo Zair Mundaray, ex número tres de la fiscalía general y hoy coordinadora del equipo de Ortega. “En Venezuela no existe la posibilidad del ejercicio correcto de la justicia. Pero como investigadores tenemos la evidencia, la prueba y la pericia para llevar esto a las instancias necesarias”.

Antes de irse de Venezuela, la mayoría de los fiscales tuvieron que pasar semanas escondidos, durmiendo en distintas casas y cambiando de teléfono constantemente para burlar la vigilancia. A varios les habían anulado sus pasaportes. La casa de Mundaray fue allanada.

Cuando Lupera llegó a Colombia, recibió un mensaje de texto amenazante y su principal ayudante fue detenido en conexión con el supuesto plan de extorsión. Lupera, de 43 años, niega las acusaciones y dice que el banco suizo UBS ni siquiera tenía una sucursal en las Bahamas cuando él y el esposo de Ortega habrían abierto cuentas, según las acusaciones del gobierno.

En Bogotá todos están atentos y vigilantes, sobre todo Ortega, quien se moviliza en dos vehículos blindados con media docena de guardaespaldas del gobierno colombiano. Lupera se tiñó hace poco el cabello, después de que le llegó la versión de que agentes del servicio de inteligencia venezolano lo estaban buscando en Bogotá.

“Esto hace que me sienta un poco más tranquilo”, expresó durante una reciente salida en busca de hallacas, un plato típico venezolano de las fiestas.

Otro gran desafío es cómo financiar todo este trabajo.

Varios de los fiscales comparten un pequeño departamento en un barrio humilde de Bogotá. Muchos tienen seres queridos que no pudieron traer. Los domingos van todos juntos a comprar alimentos en un mercado al aire libre para tratar de hacer rendir más los 1.000 dólares mensuales que reciben de venezolanos pudientes en el exilio. Dicen que no saben cuánto tiempo más seguirá llegando ese dinero.

Probablemente nadie haya tenido más contratiempos que Lupera, quien estuvo hospitalizado hace poco por hipertensión y que, sin tener seguro médico, necesita tratarse cinco tumores que le encontraron en la espalda. Dice que cuando más sufre es por las noches, en que lee las noticias de Venezuela y piensa en todo lo que dejó atrás.

Pero asegura que se levanta todas las mañanas decidido a hacer todo lo posible por asegurarse de que el exilio no dura mucho.

“Cada mañana, cada uno de nosotros, con el trabajo que hace... siempre hay una esperanza de que esa gota, ese aporte que uno puede hacer, sirva de algo para poder regresar a Venezuela”, comentó. “Regresar a un nuevo país, en el que podamos vivir como merecemos vivir”.

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Joshua Goodman está en https://twitter.com/APjoshgoodman

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Las acciones de Embraer aumentaban 17% el jueves ante informes publicados en la prensa de que la fábrica brasileña de aviones está en conversaciones con Boeing acerca de una adquisición.

Según la noticia publicada el jueves en el diario The Wall Street Journal, Boeing Co. estaría dispuesta a pagar una prima elevada por una empresa cuyo valor de mercado ronda los 3.700 millones de dólares.

Boeing tendría una presencia mayor en la industria de los jets de alcance regional, como intenta lograr su rival Airbus con su plan de adquirir una participación mayoritaria en la canadiense Bombardier Inc.

Sin embargo, Embraer posee un alto valor para el gobierno brasileño, que tendría que aprobar la transacción. Según el Journal, Brasilia tiene poder de veto sobre cualquier venta.

Las acciones de Embraer SA aumentaron 3,51 dólares a 23,50 dólares.