
Notimex
Cuatro mil familias que fueron desalojadas de sus viviendas durante allanamientos realizados por militares en barrios populares de Caracas y del interior del país, exigen al gobierno venezolano ser...Cuatro mil familias que fueron desalojadas de sus viviendas durante allanamientos realizados por militares en barrios populares de Caracas y del interior del país, exigen al gobierno venezolano ser reubicados.
“Tenemos casi un año viviendo con nuestras familias en refugios improvisados y hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta a nuestros planteamientos”, señaló Eligio Materán, coordinador de la Asociación Civil de Víctimas de la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP).
Materán, en conversación con Notimex, señaló que algunas de las viviendas fueron destruidas y otras desalojadas durante la OLP, un programa creado por el gobierno para combatir a las bandas de delincuentes.
“Este programa, en el que participan policías y militares, lanzó a la calle a familias enteras con niños y adultos mayores. Nuestras casas fueron desalojadas y destruidas bajo la peregrina acusación de que servían de ‘concha’ (guarida) a delincuentes”, señaló.
Dijo que la solución más fácil e inhumana que encontró el gobierno para acabar con la inseguridad fue la destrucción de las casas presuntamente habitadas por delincuentes y el desalojo de familias enteras de los departamentos de la llamada “Gran Misión Vivienda Venezuela”.
Detalló que en suburbios de la ciudad de Los Teques, vecina a Caracas, fueron derrumbadas 300 viviendas, incluso con los muebles dentro, y que en barrios caraqueños como La Cota 905, El Cementerio y Petare, se desalojaron 400 familias de las viviendas que ocupaban.
Refirió que no solo en Caracas se produjeron tales hechos, también en localidades como la isla de Margarita, La Guaira, San Antonio del Táchira y Valencia, donde 436 familias del sector El Hipódromo pudieron presenciar impotentes como con tractores destruían sus viviendas.
“Estas acciones son ilegales, inconstitucionales y vulneran los principios internacionales del derecho a la justicia según los cuales los castigos no deben trascender a la persona señalada de haber cometido un delito”, dijo.
En su opinión, esa manera de resolver el problema de la delincuencia y de la seguridad ciudadana es contraproducente, ya que esos operativos solo han contribuido a recrudecer la violencia criminal en las barriadas populares, donde a diario se sigue asesinando a policías.
“Como consecuencia de los fuertes enfrentamientos durante los operativos en los barrios han muerto hasta ahora dos mil funcionarios y más de mil 500 delincuentes, mientras que el número de damnificados por la destrucción de sus viviendas se eleva a unos cuatro mil”, señaló.
Finalmente dijo que pese a la oferta reciente del presidente Nicolás Maduro de imprimir un carácter más humano a la OLP, “esta continúa mostrando su rostro antipopular de un gobierno que se autoproclama como defensor de los pobres”.
A comienzo de 2017, Maduro cambio las siglas de OLP, por OLHP, indicando que la H es de “humanista”, en un reconocimiento indirecto de que estas operaciones han tenido vínculos con atropellos.
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